Citan 15 agravios que involucran a 21 reporteros en menos de dos meses
Con la intención de defender el derecho a informar de los comunicadores, que se han visto severamente afectados durante los últimos años, este domingo se realizó la asamblea estatal extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), campus Chilpancingo.
En el evento, se dio cuenta de un recuento del 13 de mayo al 27 de junio del presente año, el cual revela 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que se involucró a 21 reporteros de diferentes medios.
compañeros se vieron agraviados.
Así, se anota que el 13 de mayo Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en las inmediaciones de Acapetlahuaya, en la región Norte de la entidad.
Ellos fueron interceptados por a menos cien hombres armados, que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una de dos camionetas en las que se transportaban.
El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal, Gustavo García.
El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.
El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.
El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.
El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.
El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un enfrentamiento.
El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.
El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares con las que cuentan.
El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra.
Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado junior, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto te va tocar como le toco a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.
De acuerdo con los integrantes de la APEG, el común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades para con los agresores.
Por eso anotaron: “Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan”.
La propuesta de los comunicadores, es que que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia.
Por eso plantearon: “Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de lo que pasa en Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación”.
También se dirigen a los organismos civiles y sociales, a los que solicitan que estén atentos y solicitan el respaldo ante intentos claros por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad, no de las estructuras del poder.