El vocero del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández advirtió sobre el riesgo de que civiles armados incursionen nuevamente en Quetzalcoatlán, pueblo perteneciente al municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero de 2016 fueron ejecutadas seis personas.
Olivares Hernández recordó que en enero de 2016, la mayoría de los habitantes de Quetzalcoatlán debieron salir de dicha comunidad, ubicada en la parte baja de la Montaña de Guerrero.
El desplazamiento de los pobladores, fue consecuencia de una irrupción de integrantes del crimen organizado, por lo que permanecieron varios meses en la cabecera municipal de Zitlala, en espera de que el municipio y gobierno federal los respaldaron.
Aunque reconoció que no todos, si destacó que la mayoría de los habitantes regresaron en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo, apenas resguardados por un grupo muy pequeño de policías.
El retorno a Quetzalcoatlán, de acuerdo con el activista, implicaba la puesta en marcha de un plan emergente para atender las necesidades más prioritarias de los desplazados, lo que no sucedió.
Muchos de los habitantes de la comunidad de referencia, optaron por alquilarse como jornaleros migrantes, para cubrir la necesidad de tener un empleo, además de que ponían distancia respecto a los delincuentes que asesinaron a sus familiares, la mañana del 6 de enero de 2016.
Los que están de regreso en Quetzalcoatlán, indican que de manera cotidiana se ven en la necesidad de cortar leña y salir a comprar cosas que necesitan para subsistir.
Algunos deben arriesgarse a moverse hacia la cabecera municipal con la intención de comprar víveres.
Ese es el caso de los señores Benigo Marabal Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa, quienes fueron atacados la jornada del miércoles, cuando intentaban llegar a Zitlala para comprar los víveres de varias familias.
Benigno Murió, en tanto que Salomón Lara quedó herido de gravedad, con una bala en la cabeza que pone en riesgo su vida.
El hecho de que los agresores hayan esperado a que los habitantes de Quetzalcoatlán salieran a despoblado para atacarlos, de acuerdo con Manuel Olivares, es una muestra clara de que el riesgo de una nueva irrupción en dicho pueblo es real.
Dicho riesgo, dijo que queda de manifiesto porque a las pocas horas de cometida la agresión, hubo un conato de violencia entre habitantes de Tlaltempanampa con los militares que resguardan el camino hacia Quetzalcoatlán.
La saña con la que se actúa contra los indígenas de Quezalcoatlán, de acuerdo con Olivares, tiene su origen en en hecho de que ninguno de los crímenes cometidos en contra de los pobladores se haya sancionado.
En esa comunidad, sostuvo que los gobiernos municipal, estatal y federal no cumplieron con su responsabilidad de otorgar medidas cautelares a un pueblo que vive permanentemente bajo la amenaza de un grupo del crimen organizado.