Rechazan la última cuenta pública del ex gobernador Rogelio Ortega

Debe solventar 113 observaciones que amparan 195 millones de pesos  
El Congreso local rechazó la cuenta pública de los últimos diez meses de la gestión del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, por la no solventación de 113 observaciones que involucran 214 millones de pesos, el ex jefe del Ejecutivo local y por lo menos seis de sus principales ex colaboradores podrían ser sancionados administrativa y penalmente.
La jornada legislativa del martes 10 de octubre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Eusebio González Rodríguez presentó un dictamen relacionado con la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015.
De dicho año, el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Rogelio Ortega Martínez ejerció el poder durante casi diez meses, los dos restantes estuvieron a cargo del actual gobernador, Héctor Astudillo Flores.
En dicho ejercicio fiscal, los egresos devengados de enero a diciembre fueron de 53 mil 800 millones de pesos.
En el informe que la Auditoría General del Estado (AGE) entregó al Congreso, se consigna que hubo un cúmulo importante de observaciones para el gabinete que encabezó Ortega Martínez, que estuvo en el poder hasta el 26 de octubre de 2015.    
Se anotan 130 observaciones determinadas, que ascienden a 263.8 millones de pesos.
El equipo del ex gobernador solventó 17 observaciones, que ascienden a 49.6 millones, por lo que subsisten 113 observaciones por un monto de 214.2 millones de pesos no comprobados.
En el caso de la administración estatal vigente, se anota que subsisten dos observaciones por un monto de 1.7 millones.
En consecuencia, la AGE informó al Congreso sobre un pliego de observaciones que constituyen un presunto daño a la hacienda publica por un monto de 195.7 millones, de los 214 que se anotan en las observaciones subsistentes.
En la sesión del jueves no se indicó que ex funcionarios son los que están involucrados ya en pleno proceso resarcitorio, pero sí se informó que pueden ser sancionados administrativa y penalmente.
De los 195 millones que constituyen el presunto daño a la hacienda pública, 194 corresponden al gobierno de Rogelio Ortega y representan el 99.1 del total no comprobado.
Por esa razón, la tarde del martes 10 de octubre el Congreso determinó rechazar la cuenta pública del gobierno estatal correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 de octubre de 2015.
En contraparte, si se aprobó lo relacionado con la cuenta comprendida del 27 de octubre al 31 de diciembre, que es la parte en la que ya estuvo en funciones la actual administración.
Vía telefónica, el presidente de la Comisión Dictaminadora, Eusebio González dijo que son de seis a siete los ex secretarios de despacho involucrados en el proceso resarcitorio, pero se abstuvo de dar a conocer los casos y los montos que tienen pendientes.