— No deben existir ni impunidad ni chivos expiatorios, dice Héctor Apreza Patrón
Rogelio Agustín
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón anticipó que propondrá la creación de una comisión especial para investigar quien o quienes fueron los responsables de modificar el segundo transitorio de la Ley 179, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual tendrá un plazo de 15 días para llegar a la verdad, con la advertencia de que no se permitirá la fabricación de chivos expiatorios.
Tras la discusión generada durante la sesión del martes 20 de abril, Apreza Patrón sostiene que lo rescatable es que casi todas las intervenciones fueron en el sentido de que el asunto es grave, que representa un atropello que pone en riesgo la viabilidad de la Ley de Seguridad Pública y que además, pone en riesgo la gobernabilidad del estado.
Indicó que invariablemente, tiene que haber una sanción para quien resulte responsable de lo sucedido, porque nadie puede colocarse por encima de la autoridad que representa el Pleno del Congreso.
Para el secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que se tiene enfrente representa un parteaguas, en el que independientemente de las diferencias que se puedan tener en el ámbito partidista, el punto de consenso es que no debe volver a suceder y que tampoco puede quedar sin sanción.
“Lo que pasó en el Congreso, es que alguien tomó la decisión de alterar la ley, lo que nosotros estaremos impulsando es que no haya simulación, que el asunto se deje y que se le den largas, lo sucedido es verdaderamente grave y sino le damos el seguimiento correspondiente, esta legislatura quedaría marcada como la cómplice de la ilegalidad en su conjunto, sin que seamos responsables la mayoría de las diputadas y diputados”, anotó.
Apreza Patrón explicó que derivado de lo sucedido, ha reflexionado sobre la necesidad de crear una comisión especial de diputados, que de manera extraordinaria se aboque a investigar qué fue lo que pasó con la modificación al articulo segundo transitorio de la Ley 179.
Dicha comisión tendría que dar a conocer un informe sobre el tema en no más de quince días, para efecto de garantizar que no haya impunidad.
No a la fabricación de chivos expiatorios
Apreza anticipó que la actuación de los integrantes de la comisión especial debe ser muy vigilada, “para que no se vayan a pretender dañar a los trabajadores buscando chivos expiatorios, que a la mejor ni culpa tienen y que sería más criminal todavía”.
Si se permitiera una salida por ese lado, dijo que la actitud del Congreso sería de mucha ingratitud con él o los trabajadores sancionados sin merecerlo.
“Si resulta que hay un trabajador involucrado, nosotros tenemos que indagar muy bien quien fue el que le dio la orden, porque debe tener claro que esto es sancionado con cárcel”.
Anticipó de llegar a estar involucrado algún diputado local, lo que se puede iniciar es un juicio político, la separación del fuero constitucional y hasta el pago con pena de prisión, porque alterar una ley representa una grave afectación para la sociedad.
La comisión especial debe tener una integración plural, que garantice resultados y que tenga la certeza de que la afectación no puede quedar sin sanción.
“Esta no debe ser una comisión para tapar las cosas, debe ser una comisión muy ejecutiva que en dos semanas pueda terminar su investigación, que aporte pruebas y que inicie los procedimientos correspondientes”, aseveró.
Además de los diputados locales, dijo que se pueden incorporar los colegios de abogados y hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para garantizar que no prevalezcan los intereses políticos.