La senadora por Guerrero Nestora Salgado García propuso ante el Senado, como parte de las acciones dentro del proceso de pacificación y reconciliación nacional en la Cuarta Transformación, una Iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal con el objetivo de que las autoridades penitenciarias garanticen que las hijas e hijos que viven con sus madres, puedan realizar conjuntamente y de manera semanal sus actividades educativas, culturales, deportivas y familiares al exterior de los centros penitenciarios.
Salgado García planteó adicionar un supuesto para sustituir la pena privativa de la libertad, cuando la persona sea mujer y esté embarazada o tenga hijas o hijos menores a 12 años, a efecto de privilegiar el interés superior de la niñez, promover la cohesión del núcleo familiar y garantizar que las niñas y los niños puedan desarrollarse plenamente en un entorno alejado de los centros de privación de libertad.
Para fundamentar su proyecto precisó que de acuerdo con el último Informe Especial sobre las hijas e hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)1, son lamentables e inaceptables las condiciones y el trato que el Estado mexicano brinda a las hijas e hijos de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios de toda la República Mexicana.
A su vez, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria2, justificó que la CNDH ha documentado de manera sistemática transgresiones a los derechos humanos de niñas y niños, hijos de mujeres privadas de su libertad, entre las que destacan, principalmente, las deficiencias en materia de condiciones de estancia, trato digno, salud, alimentación, legalidad, reinserción social, así como de provisión de los satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de las niñas y niños.
“Es importante destacar que de conformidad con lo establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son sujetos plenos de derechos y la situación jurídica de sus madres no tendría por qué convertirse o extenderse como una sanción o pena para ellos” acotó la legisladora.
Del total de población femenina en centros de privación de libertad, 88% son madres, de ahí que haya sido posible contabilizar aproximadamente hasta 600 niñas y niños viviendo en prisión con sus madres.
La senadora Salgado agregó que hay otra iniciativa que presentó en materia de derechos de las personas privadas de su libertad la cual propone su derecho al voto; que se les garantice el ejercicio de los derechos político electorales, toda vez que no hay justificación para la limitación de este derecho. Lo anterior se concretaría derogando la fracción II del artículo 38 de la Constitución mexicana.
Por último la senadora invitó para el próximo lunes 29 de abril a un foro sobre los derechos de las personas privadas de su libertad el cual tendrá importantes temas como la situación de las mujeres en reclusión, la certificación de las prisiones, la justicia restaurativ y otros más.