La SSP-Guerrero rechazó recomendación que ordenaba reponer procedimiento interno
Una vez que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rechazó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), en el sentido de reponer el procedimiento encaminado separarlos de su trabajo, los policías despedidos anunciaron que ahora recurrirán a la Comisión Nacional para ejercer mayor presión.
En Chilpancingo, los inconformes rechazaron la versión dada a conocer por el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes, en el sentido de que 57 de sus compañeros ya aceptaron el pago de sus finiquitos.
José Julio Hernández, vocero de los elementos que se mantienen en la pelea jurídica contra lo que consideran como un despido injustificado, reconoció que efectivamente, hay algunos elementos que ya aceptaron el pago ofrecido por la SSP para desistir, pero aclaró que fueron muy pocos.
En consecuencia, destacó que la gran mayoría se mantiene en el juicio promovido ante el Poder Judicial de la Federación, en donde indicó, los avances que se tienen le dan la razón a los despedidos.
Reconocieron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) ya hizo lo que le corresponde, pues emitió una recomendación en la que sugiere a la SSP que reponga el procedimiento que omitió para separar a los elementos de su trabajo.
De acuerdo con la normatividad interna, dijo que la SSP debió turnar el caso de los elementos que estuvieron en un paro laboral de tres días a su Comisión de Honor y Justicia, para que ahí se revisara si había elementos para justificar el despido, ya que el cese fue directo y sin atender los protocolos internos.
Como a la CDHEG no se le hizo caso, ahora corresponde canalizar el caso a la instancia nacional.
También, dijeron que van a solicitar que el Congreso local tome el asunto en sus manos, pues hasta el momento los diputados se han limitado a observar lo que sucede, sin fijar una postura clara respecto al despido.
De hecho, ya entrada la tarde, los policías se presentaron en las instalaciones del Poder Legislativo para solicitar la mediación de los diputados, particularmente de la Comisión de Seguridad Pública.