Piden el envío de la marina y la liberación de secuestrado
Habitantes de la comunidad de Buena Vista de la Salud bloquean desde las 18:15 horas la carretera federal México-Acapulco, para reclamar la salida de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a cuya policía ciudadana acusan del secuestro de un ciudadano.
Los manifestantes son en su mayoría mujeres, quienes con pancartas en mano sostiene que hace mucho que la UPOEG dejó de ser una organización que se preocupe por la seguridad de la ciudadanía, razón por la que exigen que el Gobierno de la República les envíe a personal de la Marina Armada de México.
El detonante para la movilización fue el secuestro del señor Miguel Ávila, un habitante de dicha comunidad al que un grupo de hombres se llevó la jornada del domingo, sin que los autodenominados policías ciudadanos hicieran algo para defenderlo.
“Al señor Miguel lo tuvieron que pasar necesariamente por la base de la UPOEG, entonces los secuestradores están solapados por ellos porque no hicieron nada por detenerlo”, anotaron.
Para la mañana del lunes 29 de enero, los supuestos secuestradores exigieron el pago de un rescate que la familia de la víctima no está en condiciones de cubrir, razón por la que buscaron el respaldo de sus vecinos para lanzarse a bloquear la carretera y exigir la salida de la UPOEG de dicha zona.
En las pancartas que los manifestantes exhiben se puede leer la consigna “vivo se lo llevaron, vivos lo queremos”, en relación al secuestro del señor Miguel.
En la protesta se denunciaron hechos que generan agravio para los pobladores, como la imposición de cooperaciones que cada vez son más complicadas de cubrir para los lugareños.
Hay vecinos que sostienen que han sido despojados de vehículos que la UPOEG pretendía utilizar pero que se los negaron.
“A mi me balacearon una camioneta solo porque no permití que la utilizaran”, dijo una de las manifestantes.
En el caso de El Ocotito, comunidad cercana a Buena Vista, los vecinos denuncian que la UPOEG controla casi todas las actividades productivas.
Hace un par de semanas, el alcalde Jesús Tejeda Vargas conoció el caso de una mujer que se dedicaba a la venta de carne de cerdo, la cual tuvo que abandonar la comunidad porque la UPOEG le exigió que entregara el puesto que utilizaba en el mercado local.
Ante la peligrosidad que representan los policías ciudadanos de la UPOEG, porque cuenta con armas de grueso calibre, los lugareños exigen que el gobierno federal envíe personal de la Marina, pues con otras corporaciones no van a sentir ningún tipo de presión.