— El abogado Vidulfo Rosales plantea terminar con casi ocho años de incertidumbre
— La detención de Salvador Benítez Palacios, uno de “Los Peques” resulta trascendental, reconoce
Rogelio Agustín
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra reconoció que la detención de Salvador Benítez Palacios, operador de Guerreros Unidos (GU), genera la expectativa de que se pueda conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014, por lo que llamó al Gobierno de la República para que ofrezca todos los incentivos que la ley permita, para que ese y otros detenidos clave puedan dar a conocer todo lo que saben.
Rosales Sierra, reconoció que lo dado a conocer por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal resulta relevante, porque se trata de un integrante del principal brazo armado del GU, conocido bajo el sobrenombre de “Los Peques” o “Los Tilos”.
“Estas personas eran las encargadas de realizar todas las ejecuciones extrajudiciales de Guerreros Unidos, ellos tuvieron una participación decisiva en los hechos del 26 de septiembre de 2014, son los responsables directos de las desapariciones, los asesinatos y de todo lo que pasó”, señaló el también integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
De acuerdo con lo que se conoce del caso, dijo que “Los Peques” o “Los Tilos” tienen el conocimiento real de lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Incluso, dijo que los integrantes de dicha célula delictiva tienen información respecto al paradero de los 43 desaparecidos.
El abogado sostuvo que al igual que la de Salvador Benítez, hay otras detenciones que son relevantes para el caso, pero señaló que no tendrán sentido si el Gobierno de la República no hace un trabajo adecuado con los detenidos y los convence de que aporten toda la información que tienen.
“Se deben ofrecer todos los incentivos, los mecanismos legales que la ley permita para que ellos revelen el paradero de los estudiantes, pues de lo contrario, se pueden llenar las cárceles con detenidos por el caso, pero no habrá resultados que permitan la localización”, señaló.
Precisó que no se trata de que el Estado Mexicano rompa la ley para tratar de obtener información certera, porque se trata de personas que cometieron delitos muy graves y que se les debe sancionar.
Sin embargo, enfatizó en que “existen incentivos, criterios de oportunidad que pueden ayudar y que el gobierno ha soslayado”.
Dijo que de manera evidente, el gobierno no ha ofrecido esos incentivos y el llamado es a que trabaje en ese sentido, para acabar con la incertidumbre y la angustia que las familias de los desaparecidos padecen desde hace ya casi ocho años.