De manera reiterada, las organizaciones de tendencia disidente en Guerrero han manifestado su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad interior, pues sostienen que implica validar una larga lista de actos violatorios a los derechos humanos por parte de de elementos del Ejercito Mexicano.
En diferentes momentos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), que coordina Abel Barrera Hernández, ha manifestado que la militarización de los trabajos en materia de seguridad pública no es el camino adecuado para revertir los niveles de violencia que se padecen en la entidad.
Más aún, dijo que la violencia ha sido alentada desde los diferentes círculos de poder, con la intención de generar en la sociedad el consenso que se requiere para legalizar la permanencia de las fuerzas militares en las calles.
Una situación de ese tipo, dijo que inhibiría cualquier tipo de organización social, lo que daría paso a la imposición de proyectos macroeconómicos en zonas en que los pueblos se oponen.
El caso más concreto, de acuerdo con Barrera Hernández, es el de las comunidades indígenas de la zona Costa-Montaña, en donde los pobladores se resisten a la explotación de los recursos mineros por parte de diferentes empresas trasnacionales.
Manuel Olivares Hernández, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa, recordó que la presencia de las fuerzas militares no han representado la disminución de los índices de violencia en esa parte de la región Centro de Guerrero, en donde los asesinatos, secuestros actos de extorsión son constantes.
De hecho, refirió que la criminalidad se incrementó pese a la existencia de soldados en el corredor que va de Chilpancingo, pasa por Tixtla y llega hasta Chilapa de Alvarez, en donde desde 2012, dos grupos del crimen organizado mantienen una sangrienta pugna por el control de la zona.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, indicó que la ley de Seguridad Interior no puede aprobarse mientras exista sospecha en la milicia respecto a los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.