La Fiscalía ni el Tribuna Superior de Justicia (TSJ) entregan las copias certificadas que se le solicitaron
Aunque el plazo de diez días hables ya feneció, la Comisión Instructora del Congreso local no tiene fecha para emitir un dictamen relacionado con el Juicio de Procedencia iniciado contra el diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
El próximo jueves 9 de marzo, culminará la prórroga de diez días que la Comisión Instructora, presidida por el panista Iván Pachuca Domínguez, solicitó para emitir un juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía Genera de Justicia (FGE).
La prórroga, que inicialmente se planteo en días naturales y no hábiles, tuvo la intención de permitir que la FGE, a cargo del abogado Javier Olea Peláez, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado entreguen información complementaria que fue requerida por el diputado acusado de homicidio.
Aunque inicialmente había señalado que se solicitó a la FGE y al TSJ copias certificadas de las actuaciones judiciales iniciadas contra el diputado Beltrán Orozco, en la conferencia del martes, el presidente de la Instructora se negó a dar a conocer el detalle de los documentos requeridos.
Lo que sí puntualizó, es que el término legal para que la FGE y el TSJ entreguen la información requerida vence el próximo jueves 9 de marzo, tiempo en el que manifestó, se espera que ambas instancias entreguen los documentos requeridos.
El diputado Pachuca Domínguez reconoció que no hay hasta el momento, una fecha determinada para emitir un dictamen relacionado con el juicio de procedencia iniciado a petición de la FGE.
Negó que se esté actuando con base a una estrategia legal encaminada a permitir que el representante popular mantenga el fuero constitucional, pese a que la Ley establece que el dictamen sobre el desafuero debió emitirse diez días hábiles después de que inició el trámite correspondiente.
Aunque reconoció que la Ley no considera que en el juicio de procedencia haya un espacio para el derecho de audiencia de la parte acusada, indicó que dicho beneficio se otorgó al diputado Beltrán en acato a una norma superior que está contenida en la Constitución General de la República.