— Los cadáveres de Lorenza Chantzin y Marcos Campos tenían huellas de tortura, aseguran
Rogelio Agustín
El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG) sostuvo que sus compañeros Lorenza Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote no murieron en un accidente vehicular, como lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), pues si bien estaban dentro de un barranco, sus cadáveres fueron sembrados y presentaban huellas de tortura.
La tarde del lunes 9 de mayo, el CIPOG, que representa Jesús Placido Galindo insistió en que sus compañeros, originarios de las comunidades de Xicotlán y Acahuehuetlán, municipio de Chilapa fueron detenidos, desaparecidos, torturadps y finalmente asesinados, no víctimas de un accidente, “como nos quieren hacer creer”.
En el comunicado emitido la tarde del lunes 9 de mayo, el CIPOG sostiene que los cadáveres de Lorenza y Marcos presentaban señales de tortura.
Más aún, el lugar en el que se reportó la localización de ambos cadáveres, los integrantes del CIPOG ya habían realizado un trabajo de búsqueda.
El documento refiere que se trata de una zona “llena de topes”, lo que impide circular a exceso de velocidad, de tal manera que no pudieron salirse de la carretera, como se infiere en la versión de la FGE.
“Hoy como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo; hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos”, reprocha la organización.
El es documento sostienen que el grupo delictivo de Los Ardillos actúa con impunidad, lo que le permite mantener vigente “una campaña de exterminio” de los 25 pueblos en que el CIPOG tiene presencia.
Por esa razón, responsabilizaron a la administración federal y estatal de lo que pueda suceder a los coordinadores del CIPOG, como Jesús Plácido Galindo; Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares y Guillermo Morales Hilario.
En el comunicado refieren que el grupo delictivo controla los tramos que van de Tlapa hacia Chilapa, así como de Chilapa a Chilpancingo y de Chilapa a José Joaquín de Herrera.
Hay un llamado a la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones independientes de Derechos Humanos, para que el Estado Mexicano permite que ocurran a los habitantes de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero.
