PRD llama a no legislar en los medios ni solo “para quedar bien”
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, Aristóteles Tito Arroyo consideró urgente acatar la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las leyes 701, en materia de Derechos y Cultura Indígena y la 777 de Seguridad Pública de Estado, lo que fue reconvenido por sus compañeros del PRD, Bernardo Ortega Jiménez y Fabiola Rafael Dircio, quienes le solicitaron no legislar en los medios ni al vapor.
En la sesión virtual que se desarrolló la jornada del miércoles, el diputado Tito Arroyo, también integrante de la fracción parlamentaria de Morena recordó que el pasado 20 de abril, la SCJN emitió en pleno una sentencia de acción de inconstitucionalidad número 81/2018, misma que fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas hechas por la 61 Legislatura a la 701 y la 777.
En la valoración de los ministros de la Corte, se señala que no hubo una consulta a los pueblos que resultarían afectados por las modificaciones aprobadas en la legislatura anterior, pues no hubo la oportunidad de que hicieran valer sus argumentos y razones.
La resolución de la SCJN, de acuerdo con el legislador marca un parteaguas importante en materia de derechos y cultura indígena, porque se está obligando al legislativo a recurrir a la consulta previa, libre, informada y de buena fe en temas que impactan a la vida de los pueblos.
Por esa razón, el representante popular hizo un llamado a que de manera inmediata, la 62 Legislatura acate la reforma constitucional presentada en noviembre de 2019, al considerar que cumple con las consideraciones plasmadas en la resolución de la SCJN.
La intención es que la iniciativa se apruebe antes de que finalice mayo, para efecto de que pueda pasar a los cabildos municipales y de estos el 50 por ciento más uno le otrgue el visto bueno, para que pueda entrar en vigor.
No legislar en los medios
El coordinador de la bancada del PRD, Bernardo Ortega Jiménez pidió a sus compañeros ser muy cuidadosos del marco legislativo y no aprender legislar en medios de comunicación.
Al diputado Ortega Jiménez le pareció acelerado, fue que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera ha sido notificada a las áreas correspondientes del Congreso.
Y expuso: “Como poder Legislativo debemos ser muy respetuosos del marco legislativo, no podemos entrar al estudio, a dictaminar, porque ni siquiera nos ha llegado la notificación de manera virtual o por correo, aquí a la presidencia de la Jucopo o a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios”.
Y agregó que lo que se requiere es una asesoría legal al Congreso del Estado “para que podamos entender por qué no podemos hacer nada, sencillo, porque no se nos ha notificado y menos se ha publicado para que surta efecto esta controversia constitucional”, apuntó.
Ortega Jiménez recordó a sus compañeros de legislatura: “Nosotros no debatimos en los medios, los temas importantes como estos. Aquí es donde hay que debatirlo, con sustento legal y no solo querer quedar bien nada más”.
Por su parte la diputada Fabiola Rafael Dircio, también del PRD, dijo que la sentencia dictada por la SCJN, donde declaró la inconstitucionalidad de las últimas reformas en materia indígena, surtirán sus efectos una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, situación que hasta esta fecha no acontece.
Y recordó que la causa que provocó la inconstitucionalidad fue que no se llevó a cabo la consulta con los parámetros que exige esa instancia, misma que otorgó un plazo de 12 meses al Congreso de Guerrero para que lleve a cabo el proceso legislativo en materia indígena, debiendo realizarse la consulta a los pueblos y comunidades en los términos que establece la resolución de inconstitucionalidad.
Ante esa situación aseveró: “En el Congreso del Estado nos hemos dado a la tarea de construir un dictamen que sea congruente y que responda a los requerimientos de las instancias internacionales”.
Por eso que consideró que una reforma integral en materia indígena, requiere una alta participación social y política, sobre todo de una consulta a los pueblos y comunidades que cumpla con los criterios exigidos por la SCJN, lo que implica no caer en el error de legislar con prisa y sin realizar el procedimiento adecuado.