*Ante la obligación de cesar a los policías que no pasen los exámenes de control y confianza
“La vida del alcalde corre peligro”, dijo el jefe de cabildo de Zihuatanejo, Gustavo García Bello al explicar las razones por las que no dio de baja a los policías preventivos que no aprueban los exámenes de control y confianza.
Vía telefónica, el alcalde de filiación perredista explicó la razón por la que a pesar de todos los elementos que existían, no dio el paso encaminado a separar de la corporación a por lo menos 60 elementos que no estaban en condiciones de seguir desempeñándose como policías.
Explicó que la tensión comenzó a generarse desde hace un mes, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se presentó a revisar lo relacionado con la licencia colectiva de las armas que ocupa la corporación.
Recordó que además, se revisó que los elementos contaran con los exámenes de control y confianza, por lo que se detectó que no todos estaban en la posibilidad de seguir dentro de la Policía Preventiva.
Dijo que el 10 de abril el municipio recibió la observación de dar de baja al 60 por ciento de los elementos que integran la corporación, ya que estos no aprobaron los exámenes de control y confianza.
Comentó que la fuerza de la Policía Preventiva de Zihuatanejo es de 240 elementos, la misma que recibió de la administración anterior, a la que por cierto, el gobierno federal desarmó por no acreditar las evaluaciones impuestas por la ley.
A partir de la aplicación de diferentes cursos, la policía recuperó el armamento pero se mantuvo en pie el problema de la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Explicó que no tenía dinero para dar de baja a los elementos que no pasaron los exámenes, pero también señaló que hubo más razones por las que no se procedió al corte correspondiente.
“Es un grave problema para mi causar la baja de toda esta gente; primero porque la vida del presidente corre peligro, pues se trata de elementos que nosotros no conocemos y que tienen ciertos intereses ahí en la corporación. Por eso al presidente anterior le dio temor y no los dio de baja”, apuntó.
Aclaró que cada elemento cuenta con derechos laborales, lo que representa muchos millones de pesos porque son más de 100 los elementos que deben dejar la corporación, pero se les tiene que pagar la liquidación correspondiente.
Sostuvo que todos los detenidos son policías, no hay civiles infiltrados y si en algún caso no se presentó una credencial, fue un mero formulismo administrativo.
Aunque admitió que se trata de personas que llevan varios años en la corporación, el alcalde García Bello admitió que hay el temor de realizar un cese masivo de policías preventivos.
“Nosotros hacemos vida pública y tenemos ciertos temores”, aseveró.
Antes de que se realizara la detención de sus 60 elementos, dijo que no se generó ninguna comunicación con las instancias del gobierno estatal y federal.
Aclaró que de su parte no hubo ninguna denuncia ante el gobierno estatal respecto a la existencia de personal infiltrado, pues la única preocupación que planteó fue la de no contar con recursos suficientes para financiar la liquidación de los que no tienen la aprobación de los exámenes de control y confianza.