El alcalde Marco Antonio Leyva Mena advirtió que en Chilpancingo se están gestando las mismas condiciones que en Tierra Caliente, donde los cárteles de La Familia Michoacana y Los Tequileros mantienen una confrontación por el dominio de los territorios a través de grupos armados que se asumen como policías comunitarias.
En conferencia de prensa, el edil reconoció que en Chilpancingo ocurre una situación similar con el FUSDEG y la UPOEG.
Ambos grupos armados operan al margen de la ley, se hacen llamar policías comunitarias y mantienen una disputa violenta por el control de los pueblos que integran el valle de Ocotito.
- ¿Es posible que en Chilpancingo se reproduzca lo que ocurrió hace unos días en San Miguel Totolapan y toda la región Tierra Caliente?, preguntó este medio de comunicación al alcalde capitalino.
“Si contestara que no, sería un mentiroso. Es una probabilidad, por supuesto que es una probabilidad que esto ocurra y por eso tenemos que trabajar para que no suceda”, respondió Leyva Mena.
La madrugada del 10 de mayo, el cártel de La Familia Michoacana irrumpió en la comunidad de La Gavia, en el municipio de San Miguel Totolapan, donde se enfrentaron a balazos con el cártel de Los Tequileros. El saldo fue de ocho muertos y cuatro heridos.
Ante la escalada de violencia que derivó de este hecho, el Ejército y las policías Estatal y Ministerial ingresaron en la cabecera municipal y tomaron el control de la seguridad. En respuesta, los grupos delictivos disfrazados de policías comunitarias instalaron 20 retenes y quemaron vehículos en diferentes puntos de la región Tierra Caliente.
El alcalde Marco Antonio Leyva Mena prevé que, de continuar el conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG, este escenario podría replicarse en Chilpancingo.
“Si eso mismo sucede en la capital… va a ser muy lamentable”, expresó.
Por ello, advirtió la urgencia de que se concluyan a la brevedad las Bases Operativas Mixtas Urbanas y Suburbanas (BOMUS) en las salidas de la ciudad.
Actualmente existen dos: una en Petaquillas y otra en la salida hacia Amojileca.
Indicó que este año se concluirá una tercera BOMUS a la altura de Tierras Prietas y está por definirse una cuarta en la salida hacia Tixtla.
Asimismo, indicó que su gobierno está trabajando para “incrementar la participación ciudadana” en materia de prevención del delito.
Para ello, dijo, se ha extendido el programa de Vecino Vigilante.
Otro punto focal para evitar que en Chilpancingo se replique el escenario de violencia que se vivió hace unos días en Tierra Caliente, según el alcalde, es “incrementar los escudos de alarma para tener mayor seguridad”.
También consideró necesario que haya “una participación efectiva de las organizaciones gremiales.
En ese sentido, informó que en los próximos días se reunirá con los cuerpos empresariales para formular una estrategia conjunta de prevención del delito.
“Vamos a decirle (a los empresarios) basta de las disputas, vámonos a un acuerdo, vámonos a un pacto político, social y económico por Chilpancingo, que nos permita a nosotros transitar por estos momentos de violencia”, expreso.
Leyva Mena insistió en que “más allá del discurso, más allá de observar y ser testigos de lo que ocurre, debemos de tener la capacidad para transformar lo que está ocurriendo”.
El alcalde de extracción priísta también hizo un llamado al Poder Legislativo para reglamentar la operación de las policías comunitarias en territorios mestizos, ya que éstas no cuentan con el aval de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.
Mientras estos grupos armados no se legislen, dijo, “estaremos haciendo órganos que no son institucionales y que operan al margen de la legalidad y los derechos humanos”.
Reconoció que las policías comunitarias se mueven en “una línea muy delgada”, entre combatir la delincuencia y cometer ellos mismos los actos delictivos.
“Hay una frontera que ellos traspasan con el tipo de armamento que usan, con las actividades o las detenciones que realizan, que muchas veces no están documentadas ni reglamentadas”, expuso.
Informó que la próxima semana dará a conocer una propuesta con 10 puntos “elementales y estratégicos” que deben incluirse en la iniciativa para legislar la operación de policías comunitarias en zonas mestizas.
Respecto a la escalada de violencia en las regiones Centro y Tierra Caliente, Leyva Mena admitió que “gobernar en estos tiempos no es un asunto fácil, sino bastante complejo”.
Por ello, mandó un mensaje de apoyo y solidaridad al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien felicitó por las estrategias implementadas para atender de manera emergente la situación de crisis.
“Creo que el gobierno está haciendo lo que puede, lo que debe y lo que tiene que hacer. Sin embargo, también es evidente que muchas veces el efecto de estos grupos criminales es mucho más grande que todo el aparato que se puede tener, incluida la coordinación efectiva entre el Ejército y los tres niveles de gobierno”, admitió el alcalde.
Destacó que a pesar del nivel que alcanzó la crisis en Tierra Caliente, al gobernador no se le fue de las manos la gobernabilidad.
“La gobernabilidad no se ha perdido y el poder mantenerla es también parte de mandar un mensaje muy claro a las organizaciones de carácter criminal, de que el gobierno del estado y el gobierno federal están actuando”, afirmó.
“Me consta que Astudillo continuamente está en pláticas en una mesa con las instancias de gobierno de los tres niveles. Me consta que este gobierno ha tratado de mantener la gobernabilidad y la estabilidad sin el uso de la fuerza pública. Pero también me consta que el gobernador tiene carácter y tiene el arrojo para que en situaciones complicadas y difíciles como las que están ocurriendo pueda mandar la fuerza pública e imponer el orden”, expresó Leyva Mena.
Por ello, consideró que la sociedad y las instituciones políticas “deben de avalar” la actuación del gobierno estatal en lugar de “politizarlo como está haciendo el PRD”.
El alcalde capitalino reconoció que la crisis que enfrenta Guerrero es complicada porque “el problema del narcotráfico está permeando muy fuerte en el estado”, ya que hay entre 15 y 20 agrupaciones criminales operando en la entidad.
El florecimiento de los cárteles de la droga se debe, dijo, a que la amapola que se cultiva en Guerrero es “un gran negocio” que genera ganancias por 17 mil millones de dólares anuales.
Ante la magnitud del problema, insistió en la necesidad de que el gobierno federal apoye a Guerrero de manera permanente y se convoque a “un gran pacto social que nos permita transitar por este momento de crisis en el estado”.
Leyva Mena consideró necesario que se el Poder Legislativo legalice la producción, comercialización y uso medicinal de la amapola.
Asimismo, advirtió que mientras los tres niveles de gobierno no generen “una alternativa diferente a la producción de amapola en las zonas altas de Guerrero (…) estarán siendo cómplices silenciosos de esta situación”.