– Gobierno y Congreso de Guerrero dejaron pasar la oportunidad de hacer las cosas diferentes, señala Vidulfo Rosales Sierra
– Los criterios que van a prevalecer son políticos, sostiene
Rogelio Agustín
Para el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, la evaluación de los aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) “es un mero cuento chino”, porque hasta el momento, los criterios que prevalecen para decidir quien se queda en el cargo son de carácter político, ya que el Gobierno y el Congreso de Guerrero dejaron la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, como lo planteaban las organizaciones sociales.
Rosales Sierra reconoce que simpatizó con la idea de participar en el proceso de selección del nuevo titular de la FGE, sobre todo cuando más de 30 organizaciones sociales llevaron su propuesta al Congreso local.
Comentó que con la llegada del nuevo gobierno estatal -que fue impulsado por Morena-, se tenía la expectativa de que Guerrero entrara en una etapa que hubiera resultado histórica, particularmente en la conducción del órgano encargado de la persecución de los delitos.
“Lo que vemos en estos momentos es un procedimiento como siempre ha sucedido, un procedimiento que transita en la opacidad, ausente de un debate abierto, vigoroso y democrático, en el que podamos participar y que las víctimas puedan externar cuál es la fiscalía que quieren, cual es el perfil que deben tener los aspirantes”, destacó.
Comentó que cuando las organizaciones manejaron su propuesta, parecía que comenzaba una etapa distinta en la institución, pues hubo una serie de pronunciamientos respecto al modelo de fiscal que se requiere en Guerrero, sin embargo, no hubo eco en las instancias que debían encauzar la inquietud.
De acuerdo con la percepción del litigante, la terna enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cayó “en un bache legislativo, pues no se está debatiendo cual es el perfil de los aspirantes que están en la terna, pero tampoco se discuten las fortalezas y debilidades que tiene la institución”.
Refiere que a la sociedad le interesa medir el nivel de conocimiento que los aspirantes tienen de la FGE, qué pretenden hacer para abatir el índice de impunidad, como atender las limitaciones que se tienen y promover acercarla más a las víctimas de los delitos.
“Lo que van a hacer es nombrar a un fiscal cualquiera, sin que esté precedido de un debate profundo, en donde la ciudadanía pueda poner en el centro las preocupaciones que tiene”, anotó.
Si quería ser fiscal
El abogado de los padres de los 43, comenta que hubo un momento en el que sí consideró la posibilidad de participar en el procedimiento.
“Cuando las organizaciones hicieron la propuesta sí, hubo un momento en que lo consideré factible, siempre y cuando hubiera una interpelación de autoridades, si el Poder Legislativo y el Ejecutivo se hubieran sentido interpelados por la inquietud de las organizaciones”, anotó.
Destacó que esperaba que tanto en el Gobierno del Estado como en el Congreso local, se hiciera acuse de recibo de las propuestas y se abriera el dialogo con los colectivos que tenían un planteamiento muy concreto.
Sin embargo nunca hubo una señal de que se pretendía encauzar la inquietud.
“Nosotros ya tenemos años en la lucha, no somos ingenuos y sabíamos que estaban circulando documentos con nombres, con gente que ya estaba decidido que iba a ser y que ahora aparecen en la terna, se sabía que son acuerdos y amarres que se tienen, pero llegamos a creer que a partir de la participación de las organizaciones, se podía hacer cambiar de parecer a los poderes”, indicó.
Rosales decidió no registrarse cuando se percató de que no había ningún interés en escuchar a las organizaciones, tampoco de hacer las cosas de manera diferente en la FGE.
El no avanzar en la inquietud, dijo que incluso, evitó que se entrara en una etapa de confrontación entre las organizaciones y las autoridades.
“La verdad es que eran muchas las organizaciones y estaban en la disposición de llevar el tema de la FGE hasta sus últimas consecuencias, pues se podía generar un tema de polarización”, refirió.
En consecuencia, el abogado tomó una decisión: “Decidimos dejar que transiten en la ruta que acostumbran, que nombren su fiscal como siempre lo han hecho”.
Se pudo actuar de manera diferente
La intención de las organizaciones, al tener una propuesta para la FGE, de acuerdo con el abogado era cambiar completamente la situación que prevalece en la institución.
“Una vez que cambió el fiscal, debieron sentarse las bases para analizar cómo está funcionando actualmente la Fiscalía; se debió analizar cuales son las condiciones que ahí prevalecen, cuales son sus principales retos, recibir propuestas y definir que fiscal debe encabezar los trabajos”, indicó.
En la Ciudad de México ya hubo una discusión de ese tipo, hubo un debate que prevaleció por espacio de un año, pero en Guerrero no se quiso avanzar en una reforma profunda de la institución.
“No se hizo nada, simplemente se trata de nombrar otro fiscal, que sea amigo, cercano a las personas que están en el poder”, apuntó.
Conoce a la FGE y su estructura interna
A pregunta expresa, Vidulfo Rosales Sierra manifestó que conoce la Fiscalía “desde el corazón”, pues sabe como funciona, el manejo de los Ministerios Públicos, porque lleva más de 20 años litigando.
“He fungido como coadyuvante en las averiguaciones previas, defendiendo a presos políticos, conozco el proceso penal y conozco el sistema penal acusatorio, litigo en él y creo que hay muchas apreciaciones personales”.
Respecto al comentario del presidente del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, en el sentido de que no es lo mismo encabezar plantones que estar al frente de la FGE, Rosales Sierra respondió que dicho comentario surge porque no se conoce su trayectoria.
“Sabemos que no es sencillo encabezar una Fiscalía, nosotros no vimos que hubiera una respuesta del Gobierno del Estado ni del Congreso, por eso no nos registramos, los comentarios (del coordinador de Morena) son un despropósito, una situación de querer golpear y desprestigiar, pero nosotros tenemos la capacidad y la gente que está en la procuración y administración de justicia conoce nuestra trayectoria”, anotó.
Agregó que no se registró ni fue a la evaluación porque no había criterios claros para ello.
“Yo aceptaría ir a que me evalúen siempre y cuando hubiera criterios claros para ello, pero ¿Qué van a evaluar? ¿Que yo cumplo con los requisitos que establece la convocatoria? Pues los cumplo, como los 44 aspirantes que integraron la lista que fue enviada a la gobernadora”.
Continuó: “No se dice cuales son los elementos para evaluar, simplemente hay unos requisitos formales que los aspirantes deben cubrir y todos los cubrieron, ellos mismos lo dijeron”.
Incluso, refiere que no se maneja con claridad los criterios que tuvo la gobernadora para integrar la terna enviada a los diputados, de tal manera que pueden ser políticos o de otra índole.
Ya en el cierre, destacó que tampoco se tiene claridad respecto a los criterios que se aplicarán para decidir quien de la terna debe quedar al frente de la FGE.
Termina: “Que no venga esa persona que se disfraza de indígena a contarme el cuento chino de que se va a hacer una evaluación genuina, porque no hay elementos que la ley establezca para decir que se tienen criterios contundentes para evaluar”.
Para él, los criterios para evaluar a los aspirantes de la FGE son eminentemente políticos, los requisitos para ser considerados en la terna son mera formalidad, de tal suerte que todos los que se inscribieron pudieron cumplirlos.