Por: Liliana Padilla y Rogelio Agustín
Van más de mil 200 muertos y 500 desaparecidos
La última década ha estado marcada por el terror en Chilapa. Más de mil 200 muertos y al menos 500 desaparecidos es la consecuencia de la disputa criminal por la ruta del trasiego de la amapola y otras actividades delictivas de los grupos que operan en la región de la montaña baja de Guerrero.
El gobierno federal ha definido como prioritaria la localización de los más de 40 mil desaparecidos que hay en el país, de los cuales el 69 por ciento de los hallazgos recientes se ubican en Guerrero, sin embargo, la única búsqueda de los desaparecidos que se realiza anualmente en esta región, no se llevó a cabo por la falta de acompañamiento y recursos.
Chilapa y los municipios aledaños en disputa entre Ardillos y Rojos se ha convertido en un auténtico hoyo negro donde las desapariciones y los muertos se acumulan.
Mayo de 2015 fue un mes que marcó a ese municipio de la montaña baja y a sus habitantes. Treinta personas fueron levantadas ante los ojos de sus familiares. Cuatro años después, ninguno de ellos ha aparecido, ni vivo ni muerto.
“El apoyo del Presidente de la República es lo que nos ha estado haciendo falta porque dejamos de hacer nuestras actividades, porque no nos mandaron seguridad, estábamos esperando seguridad y nunca llegó, así se pospuso todo”, lamenta la madre de uno de los treinta desparecidos, integrante del colectivo Siempre Vivos.
Los familiares de 16 de los 30 desaparecidos se agruparon en dicho colectivo que conforman otras decenas de personas que enfrentan la difícil situación de tener a un familiar desaparecido.
Sería la tercera ocasión que buscarían en la zona controlada por policías comunitarias al servicio del crimen organizado. La falta de apoyo de las fuerzas federales hizo que la búsqueda se cancelara por falta de condiciones de seguridad. Y es que incluso con federales, estatales y el Ejército de por medio, los habitantes de algunas regiones cercanas no permiten el acceso.
“El sentir del pueblo es que es un gobierno muy tibio, que se la pasa denunciando pero en los hechos los delincuentes están libres, siguen asesinando, siguen extorsionando, siguen secuestrando. El presidente anunció que hay 407 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda. Nosotros intentamos hacer una búsqueda y no tuvimos acompañamiento de la Policía Federal, no tuvimos recursos, las instancias federales nos niegan los apoyos”, reclama el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, que ante la falta de seguridad en Chilapa, se encuentra en calidad de desplazado.
La búsqueda estaba prevista para el jueves 9 de mayo, fecha en que se cumplían los cuatro años de la incursión del grupo armado que tomó la cabecera municipal de Chilapa.
En aquella ocasión, la presencia de los hombres armados obligó a la cancelación de la tradicional cabalgata por el día de las madres. Se ostentaron como comunitarios “Por la paz y la justicia” y argumentaban que era una limpia de criminales en Chilapa. A quienes levantaban, los tildaban de integrantes del grupo criminal de los rojos y bajo ese argumento, arrebataron a 30 personas frente a los ojos de las autoridades.
La madre de otro de los desaparecidos, relata que antes de ese episodio que marcó para siempre a su familia, en Chilapa ya se había recrudecido la violencia. El primero homicidio violento del que se tiene recuerdo ocurrió en 2007.
Una de las madres que integran el colectivo recuerda aquellos seis días de tragedia: “Cuando se llevan a mi hijo, fue el 13 de mayo de 2015 como a las tres de la tarde, desde entonces empezó nuestro calvario. Nosotros anduvimos buscándolo, a los mismos comunitarios les preguntamos qué pasó con nuestros hijos, por qué se los llevaban y pues a lo mejor son los rojos y pues ahora sí que nosotros no sabíamos que eran rojos ni nada de eso”,
La esposa de otro joven de 22 años que también despareció durante esos días de zozobra, relata que tiempo después, integrantes de ese grupo criminal hicieron diversas publicaciones en redes sociales para justificar los levantones. Aseguraban que todos eran parte del grupo criminal de los rojos.
Sin embargo, los miembros del colectivo lamentan la falta de atención del gobierno federal. No sólo no recibieron ayuda para su búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco ha hecho caso de su petición de revisar las casas de reeducación que tienen las policías comunitarias de la región y donde, presumen, podrían estar algunos de sus desaparecidos.
En enero pasado hicieron llegar un oficio al Presidente de la República en el que dan nombres de presuntos criminales y jefes de plaza, algunos integrantes de las policías comunitarias, sin que hasta ahora tengan alguna respuesta.
Por eso, muchas de las madres que se han quedado sin sus hijos se cuestionan si sus métodos de lucha son los correctos.
“Los de Ayotzinapa destrozan, o a lo mejor eso es lo que nos hace falta, porque dicen que el que grita y llora lo atienden.
Probablemente es lo que nos hace falta, ir a destruir y a lo mejor así nos van a aponer atención”.