–– No dimensionar la grave falta al modificar un artículo transitorio de la Ley 179, d e Seguridad Pública, “demuestra su desprecio por la legalidad”, advierte ex diputado federal por Morena
Rogelio Agustín
El ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García sostuvo que el problema de respeto a la legalidad que enfrenta el Congreso, se puede convertir en un problema de ingobernabilidad para el estado de Guerrero, por la forma en que se pretende minimizar un hecho inédito y grave.
El fin de semana, la fracción parlamentaria del PRD denunció que de manera indebida, alguien modificó el texto del transitorio número 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo que implica una falta grave que se debe investigar y sancionar.
En términos llanos, un texto aprobó el Congreso y otro fue el que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
El lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo se deslindó de la modificación y presentó los acuses de recibo firmados y sellados por tres áreas del Poder Ejecutivo local.
Ante esto, el secretario general de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez, también mostró el documento original que le fue entregado por el Congreso local, en él, aparece el transitorio modificado.
El martes 19 de abril, el presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel reconoció que la modificación no fue responsabilidad de la presidenta de la Mesa Directiva y tampoco del Gobierno del Estado.
La duda que dejó en el aire fue de quién habría sido la culpa, sin embargo, señaló que se trataba de un “error involuntario”, en el que no había dolo y que en consecuencia, se resolvería con una fe de erratas para hacer la modificación correspondiente.
El Congreso ya es un riesgo para la gobernabilidad
Al respecto, el ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García sostuvo que pretender minimizar la modificación a un artículo transitorio de la Ley 179, en materia de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, “es una gravísima muestra de desprecio a la legalidad por parte del Congreso”.
Inevitablemente, dijo que se advierte una “incomprensión a la magnitud del problema”, lo que también es grave.
Cayetano García, quien fuera presidente del Colegio de Abogados de Abogados del Estado de Guerrero, consideró como “insana” la intención del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de evadir una responsabilidad muy grave y tratar de reducir la modificación a un simple “error involuntario”.
Indicó: “El Congreso de Guerrero se encuentra en un grave problema de legalidad para el estado y se puede convertir en un problema de gobernabilidad”.
Indicó: “Lo correcto es iniciar una investigación inmediata y pública, para saber quienes son los autores materiales e intelectuales de esta conducta ilegal e inverosímil, que sienta un negativo precedente para el trabajo legislativo, no hacer los pone frente a otra impunidad contra las y los guerrerenses”.
Cuestionó: ¿Qué garantías tiene el pueblo de Guerrero de que las leyes que expide el Congreso estén revestidas de legalidad y no del capricho de una mano que puede alterar de un plumazo el texto, contenido y espíritu de una norma impersonal, abstracta y obligatoria”.
Y sentenció: “El Congreso local ya dio de sí, están en el camino sin retorno de sistemáticas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos y no se ve una salida que les permita ver que el poder que representan no es suyo, no es una empresa, ni un negocio particular en el que pueden hacer y deshacer a sus anchas lo que les pegue su regalada gana para acomodar las leyes al modo que les conviene, de uno, dos o tres, pasando por encima de la voluntad de los demás, de todo el Poder Legislativo y del pueblo de Guerrero”.
Alguien puede ir a la cárcel
Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos (LCASC), señaló que lo sucedido no tiene un precedente histórico en la soberanía popular de Guerrero.
“Esto no puede quedar así; una cosa es error y otra es intencionalidad, el error se puede dar en la forma y la intencionalidad en el fondo, pero aquí hubo una intencionalidad”, señaló.
En la modificación al segundo transitorio, dijo que lo que chocan son planteamientos de fondo, por lo que el asunto no se debe minimizar porque hubo mala fe.
“Esto cualquier estudiante de Derecho lo detecta, no hay que darle tantas vueltas y caer en una situación demagógica, la presidenta de la Mesa Directiva debe presentar una denuncia penal por la alteración de documentos oficiales, que se castigan con cinco y hasta diez años de prisión contra quien resulte responsable”, anotó.
Indicó: “Aquí el agraviado es el Congreso y la representante legal es la presidenta de la Mesa Directiva, si resulta responsable un diputado, pues tiene que ser desaforado y encarcelado, si fue alguien del Ejecutivo es lo mismo”.
Aclaró que la fe de erratas aplica en cuestiones simples, pero lo que sucedió co el transitorio número dos no lo es.