— La modificación al artículo segundo de los Transitorios, representa un peligroso antecedente que no se debe permitir
— Exigen al presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel y la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo para que expliquen en qué parte del proceso se realizó la alteración
Rogelio Agustín
Chilpancingo, Guerrero, 17 de abril de 2022.- La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local manifestó su rechazo a la alteración del dictamen por medio del cual se aprobó la Ley Número 179, del Sistema de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por lo que exigieron una explicación de lo sucedido.
La bancada del sol azteca, liderada por Raymundo García Gutiérrez, consideró que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel y la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo deben explicar en qué momento se generó la alteración del dictamen aprobado.
Los legisladores del sol azteca señalaron que se necesita conocer en qué fase de la cadena de custodia de la Ley 179 se registraron los cambios, particularmente quién dio la orden de realizarse y llevarla a la maquila.
El Grupo parlamentario del PRD, señala que fue el 14 de abril de 2022, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en su edición Extraordinaria, la ley que sustituye a la de Seguridad Pública 777, tras la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al juicio de inconstitucionalidad 81/2021.
Aseguran que dicho documento, “fue alterado por manos extrañas y no corresponde al dictamen que votó el Pleno de la LXIII Legislatura en la sesión de fecha 12 de abril de 2022”.
Insisten “De manera indebida fue cambiada la redacción de último momento, la diferencia se encuentra en el Segundo Transitorio que la versión que fue modificada y señala: Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
Continúan: “El texto que fue aprobado por las y los diputados de la 63 Legislatura, establece: Lo dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
En el comunicado emitido este domingo 17 de abril, se anota que los cambios no solo son notorios, sino que trascienden a la vida jurídica de tal forma que obliga al Congreso del Estado a realizar reformas a la Ley aprobada, incluyendo aquello que digan los Pueblos y Comunidades Indígenas en el proceso de Consulta.
Y se apunta: “Lo grave no es que se pueda realizar dichas reformas, lo graves es que nos somete a otro proceso de consulta y entonces, esto se convertiría en un proceso inacabado”.
Por eso establecen la necesidad de marcar distancia de lo publicado: “Como grupo parlamentario, nos deslindamos, pero también pedimos se deslinden responsabilidad en contra de quien atentó en contra de la Soberanía del Poder Legislativo; estas acciones que atentan en contra del debido proceso legislativo, así como del contenido del texto que se introdujo y fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.
Ya en el cierre sentencian: “Estas acciones vulneran la integridad y la credibilidad del Poder Legislativo, pero sobre todo, constituyen un peligroso antecedente que no se puede permitir”.