Sostienen que sí cumplen con los requisitos para ser cobijados por la Ley 701
Consejeros del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (FUSDEG) insistieron en que fueron pistoleros al servicio de la UPOEG los que irrumpieron el jueves de la semana pasada en Tierra Colorada, aseguran que dicha organización pretende controlar todo el corredor que va de Chilpancingo hacia el puerto de Acapulco para favorecer el trasiego de droga.
En Chilpancingo, consejeros como Salvador Catalán y Arquímedes Morales Carranza, negaron que el FUSDEG tenga vínculos con el crimen organizado y defendieron la existencia de su policía comunitaria, en el entendido de que la mayoría de los habitantes de Juan R. Escudero son indígenas Yopes.
El viernes 29 de septiembre, alrededor de ocho camionetas repletas de hombres armados irrumpieron en dos casas particulares y la comandancia del FUSDEG en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero.
En el ataque, los hombres armados asesinaron a un comandante de la Policía Ciudadana del FUSDEG, en los domicilios no lograron su cometido porque fueron repelidos por los ocupantes.
De inmediato, los grupos de policías que integran al frente se movilizaron, los testigos les señalaron que la parte agresora eran miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes dijeron, portaban rifles de asalto AR-15 y AK-47, además de granadas.
La UPOEG negó que sus policías ciudadanos hayan tomado parte de la incursión, el principal dirigente, Bruno Placido Valerio refirió que el FUSDEG tiene muchos compromisos con diferentes organizaciones delictivas, por lo que esa pudo ser la causa de la agresión.
Placido Valerio negó que haya el interés de la UPOEG por asumir el control de Tierra Colorada, por lo que sugirió que la investigación que en su momento realice la Fiscalía General del Estado (FGE), incluya una revisión de los problemas internos que hay al seno del frente.
Este miércoles, los consejeros del FUSDEG viajaron a Chilpancingo para insistir en que sí fueron integrantes de la Unión de Pueblos los que tomaron parte de la agresión.
“Entre ellos se decían sus apodos, como el del Deivid o Carioca, que son los responsables de sus bases en Ocotito y Mohoneras”, dijo Salvador Catalán.
El representante manifestó que el frente no está en una disputa por el control de territorios, pues desde que se replegaron de El Ocotito y Petaquillas, comunidades pertenecientes a Chilpancingo, permanecen en Tierra Colorada sin pretender recuperar sus antiguas bases.
“Nosotros no salimos de nuestra zona que es Tierra Colorada, aquí permanecemos y es muy claro, que son ellos los que de manera reiterada han tratado de meterse a nuestro municipio”, dijo el consejero Morales Carranza, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Aunque admitieron que la UPOEG cuenta con camionetas blindadas y armas de alto poder, indicaron que no ha podido asumir el control de Tierra Colorada porque el FUSDEG tiene respaldo popular, ya que se maneja con respeto al esquema que debe seguir una auténtica policía comunitaria.
De primera instancia, dijeron que los policías son nombrados en asambleas, ya sea de colonias o comunidades, también cuentan con un reglamento y su permanencia en la estructura no es indefinida.
Arquímedes Morales explicó que la gran mayoría de los habitantes de Juan R. Escudero tienen sangre tipo “O”, pertenecen al haplotipo mitocondrial A2, B2, C1, C4c, D1 o D4h3a, por lo que se declaran indígenas Yopes-Mexicas, razón por la que están en condiciones de ser cobijados por la Ley 701, en materia de derechos y cultura indígena.
Los consejeros explicaron que en los cuatro años que tienen de ser la principal base de operaciones del FUSDEG, los delitos de extorsión, secuestro, los asesinatos dolosos y la venta de droga cayeron de manera importante.
Los únicos capítulos de violencia que enfrentan, dijeron que se registran cada que la UPOEG intenta recuperar el territorio que consideran perdido.
“El FUSDEG es una escisión de la UPOEG, es eso cierto porque al principio creímos en ellos, pero Bruno Placido dejó a cargo a comandantes que extorsionaban a las personas y que también realizaban atracos, por eso es que nos reunimos, analizamos la situación y decidimos separarnos, lo único que queremos es cuidar a nuestro pueblo”, anotó Salvador Catalán.
En varias ocasiones destacaron que los policías ciudadanos de la UPOEG tienen actitudes criminales, prueba de ello es la masacre de siete personas, entre ellas un bebé y su mamá en la zona rural de Acapulco.
Por eso aceptaron la posibilidad de ser revisados y de dialogar con las autoridades, pero descartaron sentarse a charlar con los mandos de la UPOEG.
“Nosotros somos pueblo, ellos son maña y en esas condiciones no puede haber ningún dialogo”, acotaron.