Por permitir la operación de 293 policías ministeriales no certificados
El coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja confirmo su determinación de promover un juicio político contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Javier Olea Peláez, por permitir que 293 policías ministeriales sigan trabajando, pese a que no aprobaron sus exámenes de control y confianza.
La mañana del lunes 26 de junio, Mejía Berdeja sostuvo una discusión muy prolongada con el fiscal guerrerense, en el contexto de la comparecencia de Olea Peláez ante las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública.
En el contexto de dicha discusión, Mejía indicó que promoverá un juicio político en contra del responsable de la dependencia, habida cuenta de que se han cometido violaciones graves a la Constitución General de la República, además de la Constitución Política del Estado, además de que se ha incumplido con la función de ser representante de la sociedad.
Consideró como una confesión muy grave, el hecho de que se permita que policías ministeriales que no aprobaron sus exámenes de control y confianza sigan en funciones, ya que eso perjudica al sistema de procuración de justicia.
“Es evidente que sus actuaciones pueden estar viciadas, lo que repercute en las investigaciones y el debido proceso”, apuntó.
La omisión en la que se incurre al permitir la operatividad de personal no certificado, de acuerdo con el legislador, constituye un delito que pone en riesgo la cadena de custodia en casos muy importantes.
La petición de que se inicie el Juicio Político contra el fiscal Olea Peláez, dijo que se presentará entre los últimos días de la presente semana y los primeros de la próxima, pero ratificó que no habrá marcha atrás en la petición de que se de paso al procedimiento de referencia.
El lunes 26, el fiscal señaló que no está en condiciones de despedir a los 293 policías ministeriales que no aprobaron sus exámenes de control y confianza, pues pagar sus liquidaciones representa un gasto de al menos 50 millones de pesos, dinero que el Gobierno de Guerrero no tiene.