El crecimiento en el caso de Acapulco es desproporcionado, advierte el Ombudsman
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, consideró indispensable que el gobierno federal despresurice las cárceles de Guerrero, tomando acciones para la separación de reos que se encuentran presos por delitos del fuero común y del fuero federal.
Entrevistado en las instalaciones de Casa Guerrero, Navarrete Magdaleno señaló el nivel de violencia por lo que son encarcelados los reos que cometieron ilícitos del orden federal, contaminan quienes se encuentran por delitos del fuero común, lo que originan situaciones como la masacre del penal de Las Cruces, el pasado 6 de julio.
“Yo tengo años en la supervisión penitenciara, y hace 10 años entrabamos al reclusorio de Acapulco, hacíamos deportes con los internos (…) pero Acapulco tenía alrededor de 700 u 800 internos, a partir del combate a la delincuencia, Acapulco tiene más de mil 200, mil 300 internos, entonces ya sabrán que si la mayoría de ellos son del orden federal, los delitos por lo que vienen y las condiciones en las que están, y se encuentran grupos antagónicos, es un riesgo en todo el país”, señaló.
El Ombudsman estatal advirtió que los Centros de Reinserción Social del estado están rebasados en cuanto a infraestructura, pues cuando se construyeron el nivel de violencia de los grupos delictivos no alcanzaba las condiciones actuales, por lo que los gobiernos tienen que invertir en la construcción o remodelación de los penales para que estén acorde a la situación actual del país.
Por otro lado, dejó entrever que sí hay una investigación abierta por la presunta incursión de sujetos armados al penal de Acapulco la madrugada del 6 de julio, y que habrían matado a los 28 internos, luego de informar que entregó su capeta de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien llevará el caso a partir de hoy.
“En una investigación no se descarta ninguna de las posibilidades que se encuentren datos importantes, incluso que varíe el rumbo de la investigación, no se descarta nada”, subrayó al ser cuestionado sobre el tema.
Sin embargo, apuntó que no hay ninguna evidencia que sustente la irrupción de un grupo armado al CERESO.
Cuestionado sobre si la información de la investigación que el organismo a su cargo entregó a la CNDH tiene pormenores que no han sido mencionados por el gobierno del estado, dijo que sí hay detalles que no se han manejado de manera pública, por la obligación de secrecía del proceso legal.
Navarrete Magdaleno reveló que algunos de los reclusos del penal de Acapulco fueron trasladados al CERESO de Chilpancingo, luego de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, informara ayer que 13 reos fueron llevados a otras cárceles, quienes son considerados de alta peligrosidad.