Hasta el momento, es muy poco lo que el capital extranjero deja para el estado y país
El pleno del la LXI legislatura del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el diputado Isidro Duarte Cabrera para elevar las aportacio de las mineras a los ayuntamientos.
Tras considerar que las aportaciones de las compañías mineras al desarrollo de los municipios resultan insuficiente, Duarte Cabrera demandó al gobierno federal impulsar mecanismos para elevar las contribuciones de estas compañías.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno de la LXI legislatura, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, propuso además la creación, a nivel estatal, de un fideicomiso que concentre los ingresos percibidos para que se apliquen de manera programática en obras el desarrollo de las comunidades donde hay extracción minera.
De acuerdo a la fundamentación presentada por el legislador calentano, los recursos aportados por las compañías mineras a los municipios no representan ni el uno por ciento de sus ganancias, como lo ejemplifica el hecho de que en 2016 las empresas obtuvieron ingresos netos por 5 mil 378 millones 555 720 pesos y aportaron únicamente 52 millones 171 mil 939 pesos a 8 ayuntamientos, es decir el 0. 96 por ciento.
Apuntó que entre 2011 y 2015 de los yacimientos mineros del estado de Guerrero se extrajeron 252,009.5 toneladas de oro y plata, lo que representó un ingreso a las explotadoras de 34 mil, 568 millones, 720 mil, 380. 49 pesos
Insistió que la minería representa un atractivo para las trasnacionales, no solo por las excesivas ganancias, sino porque el Impuesto Sobre la Renta, lo deducen de sus inversiones reduciendo en mucho el pago de contribuciones.
Expuso que la explotación minera genera un daño ecológico irreversible y las obras de carácter social que se realizan en las comunidades no resarcen el daño ambiental ni contribuyen al desarrollo de los municipios.
Y esto ocurre, dijo, porque las concesiones de explotación del subsuelo son otorgadas por la federación a través de la Secretaría de Economía, sin que haya intervención de los estados y mucho menos de las comunidades que sufren la expolición y los conflictos.
De acuerdo al artículo 270 de la Ley Federal de Derechos de las Entidades, las compañas mineras están obligadas a entregar el 5 por ciento de sus ingresos derivados de la explotación del oro, la plata y el platino, y de ese monto, el 77. 5 por ciento se destina al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, correspondiendo el 62.5 por ciento a los segundos y el 37.5 a los primeros.
En 2016, dicho fondo entregó 52 millones 171 mil 939.07 pesos, de los cuales 19 millones 612 mil 449.80 pesos fueron para el gobierno estatal y 32 millones, 559 mil 489, 27 pesos para ocho ayuntamiento que son explotados.
Arcelia recibió $77,324.83; Atenango del Río $14,413.22; Coyuca de Catalán $53,761.92; Eduardo Neri $30,368,901.35; La Unión de Isidoro Montes de Oca $110,,431,84; Petatlán $258,821.16, Tetipac $874,530.83, y Tlalchapa $107,304.11.
Ello muestra que el único municipio que recibe aportaciones suficientes para promover el desarrollo de su comunidad es Eduardo Neri mientras que los restantes siete reciben contribuciones simbólicas que resultan insuficientes para generar su desenvolvimiento y de ninguna manera compensa la riqueza mineral extraída.
Ante ésta situación el diputado Duarte Cabrera propuso un exhorto al presidente Enrique Peña nieto para que instruya al Secretario de Economía para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público busquen los mecanismos para elevar las contribuciones de las empresas mineras.
Asimismo pidió al gobernador Héctor Astudillo que instruya a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, para que en coordinación con los municipios involucrados en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se cree un fondo o fideicomiso que concentre recursos y los aplique de manera programática en obras que impulsen el desarrollo económico de las comunidades.