– “Quieren salvar el pellejo”, advierte el abogado Vidulfo Rosales, al referirse a los comentarios del ex titular del Ejecutivo local
Rogelio Agustín
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra acusó al ex gobernador Angel Aguirre Rivero y su equipo, de pretender excluirse de la responsabilidad que les toca respecto a los ataques del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.
Tras el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se conoció la versión de que personal de la Secretaría de Marina estuvo implicada en las diligencias del basurero de Cocula, donde se pretendió sustentar la denominada “verdad histórica”, que vendía la hipótesis de que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en dicho lugar.
En varios medios, el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaky Blanco Cabrera sostuvo varias entrevistas en las que habló sobre la firmeza de las investigaciones a cargo de la dependencia, pero estableciendo que la situación se desvirtuó cuando e emitió el desglose a favor de la Fiscalía General de la República (FGR).
Posteriormente, el ex mandatario estatal difundió un artículo en el que hace mención de las diligencias realizadas por el ex fiscal Blanco Cabrera, argumentando que de los 27 policías detenidos por el ex fiscal, hasta el momento ninguno ha recuperado su libertad.
Aguirre refiere que a su administración no solamente s ele negó todo tipo de apoyo por parte de la Policía Federal y del Ejército, sino que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón mantuvo retenido al ex fiscal Blanco Cabrera, “para su posible consignación”.
Incluso, señala que el propio Zerón trató de establecer vínculos entre Aguirre y grupos del crimen organizado, para permitir su detención: “Lo cual no prosperó, porque nunca tuve la más mínima relación con esos grupos delictivos”.
Incluso, el ex gobernador sostiene que de haberse quedado al frente de la investigación, probablemente Iñaky Blanco hubiera logrado el esclarecimiento.
“Talvez estaríamos hablando de otra historia”, refiere Angel Aguirre.
Ante dichos posicionamientos, el abogado Rosales Sierra utilizó sus redes sociales para refutar el contenido de los comentarios: “Los baños de pureza no les quedan”.
Y argumenta la aseveración: “Las autoridades de Guerrero cuando aconteció la desaparición de los 43, se empeñan en afirmar que fueron víctimas del gobierno federal a quién acudieron para solicitar su intervención y no lo consiguieron”.
Continúa: “Tratan de salvar el pellejo dando la impresión que hicieron lo que estaba a su alcance, pero se toparon con un gobierno federal insensible”.
Incluso, señala que el periodista Raymundo Rivapalacio intentó darles la razón, en un artículo reciente.
Sin embargo, Rosales Sierra señala que ese posicionamiento resulta inexacto, por varias razones que considera importante destacar.
“Aún sin la ayuda federal el gobierno del estado disponía de cientos de policías del estado y ministeriales que pudo desplegar y concentrar en Iguala, pero omitió hacerlo, concentrando las fuerzas policiales de Acapulco y Chilpancingo pudo disponer de una fuerza de mil efectivos más o menos, pero nada de eso sucedió”.
En consecuencia, refiere que no es ética, ni políticamente correcto “los constantes baños de pureza que quieren darse”.
Por el contrario, sostiene que todos los que pudieron hacer algo para evitar la tragedia, deberán asumir su responsabilidad, cuando menos por omisión.
Eso implica ser prudentes y dejar los desfiles electoreros, bajo una situación que remarca en su publicación: “No tienen legitimidad y sí mucha cola que les pisen”.