— De acuerdo con el ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García
Rogelio Agustín
El ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García consideró que la modificación al transitorio número 2, de la Ley 179, sobre el Sistema de Seguridad Pública del Estado resulta “grave y peligroso”, por lo que se debe investigar y quienes resulten responsables sancionados, incluso hasta por la vía del juicio político.
Quien fuera también presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, sostuvo que no se tiene hasta el momento, un antecedente de que alguna ley haya sido modificada en su redacción, después de haber sido aprobada por el Pleno del Congreso local.
“Eso es muy grave y hasta peligroso, no es ninguna exageración de quienes están cuestionando ese procedimiento, porque se está suplantando la voluntad de uno de los poderes para sobre escribir, actuar de un plumazo por encima de la voluntad de los diputados”, anotó.
Lo sucedido con la 179, destacó que suplanta la voluntad del Pleno del Congreso, que es la máxima representación popular del estado.
Para el ex diputado federal por Morena, la modificación no sucedió en un caso cualquiera, sino con la Ley de Seguridad Pública, lo que puede propiciar una impugnación y puede derivar en una declaración de irregular, violatoria de los derechos humanos y en consecuencia, impugnable.
DE acuerdo a su percepción, lo que en estos momentos hace el Congreso, “es cumplir con un procedimiento frívolo, viciado de origen”, no de cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reconoció que por la forma en que se están conociendo los hechos, se puede configurar un procedimiento legal, que puede llegar al juicio político en contra de quien resulte responsable.
“Se tiene que investigar quién es el funcionario que hizo eso, quién lo ejecutó (la modificación en el artículo transitorio), porque es evidente que alguien lo ordenó, se puede seguir la mecánica de los hechos para ver a quien le conviene que se modifique ese transitorio, le conviene solo a los legisladores, porque ellos están siendo requeridos bajo apercibimiento de sanción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ellos son los únicos que se benefician con esa maniobra, pero es importante saber quién la llevó a cabo”, indicó.
Una vez que se tenga la certeza de quién o quienes son los responsables, “se debe proceder por la vía del juicio político en contra de los responsables intelectuales y materiales”.