– Familiares de asesinados, desaparecidos y encarcelados injustamente exigen dar un viraje a los usos que prevalecen en el órgano encargado de perseguir los delitos en Guerrero
– Exigen el esclarecimiento de casos emblemáticos, como el de Armando Chavarría, Arturo Hernández Cardona, los hermanos Miguel y Rocío Mesino, entre otros
Rogelio Agustín
Hasta el momento, son más de 30 organizaciones sociales, así como 40 personas que de manera personal suscriben un documento con el que se pronuncian a favor de que el próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) sea Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM).
El escrito se encuentra fechado en Chilpancingo el 11 de noviembre pasado, fecha en la que inició el perio de inscripciones de aspirantes a ocupar la FGE ante el Congreso local.
En el escrito se anota que los firmantes son organizaciones sociales, familiares de defensoras y defensores derechos humanos asesinados y desaparecidos, organizaciones sindicales, campesinas comerciantes y personalidades, incluso algunos académicos y sobrevivientes de lo que se conoce como Guerra Sucia de los años Setentas.
“Los suscritos luchamos por la vigencia y cumplimiento de los derechos a la alimentación, vivienda, educación, la tierra, territorio, agua y medio ambiente, por la verdad y la justicia. Durante décadas hemos padecido la criminalización a nuestra lucha, los órganos de procuración de justicia se han usado de manera facciosa para colocarnos fuera de la legalidad, implementando acciones penales para perseguirnos y encarcelarnos”, señala el texto en su parte inicial.
Continùa: “De igual forma hemos sufrido en carne propias la falta de acceso a la justicia por los casos de nuestros familiares asesinados y desaparecidos. Las investigaciones se han dilatado, adolecen de irregularidades y en la mayoría de los casos existe impunidad”.
Enlistan asesinatos que todavía permanecen impunes, como los cometidos en contra de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; el del presidente de la Comisiòn de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera o el de los integrantes de la Organizaciòn Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel y Rocío Messino Mesino.
También citan los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares, Ranferi Hernández Acevedo y las desapariciones de Gregorio Alfonso Alvarado, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Arnulfo Cerón Soriano y Vicente Iván Suástegui, que permanecen sin esclarecerse.
“A los indígenas y campesinos nos tratan con desprecio cuando ocurrimos a los órganos de procuración de justicia, esperamos largas horas y no somos atendidos en nuestros reclamos. Los comerciantes sufrimos los estragos de la violencia de grupos criminales que nos extorsionan y amenazan a plena luz del día sin que los órganos de justicia hagan algo, pese a las denuncias que interponemos”.
Continúan con la argumentación: “Lo demás nos preocupa es la violencia generada por el crimen organizado – en connivencia con autoridades – que está ocasionando miles de muertos y desaparecidos en nuestra entidad. Tales casos no están siendo investigados de manera pronta e imparcial. No se realizan búsquedas efectivas para localizar a los desaparecidos, han sido los familiares quienes se han organizado para buscar a los suyos”.
Para las organizaciones, es un hecho que en la Fiscalía General del Estado persiste la corrupción, pues varios ministerios públicos conciben la justicia como un medio para obtener ganancias económicas, mientras las víctimas caminan con su dolor acuestas. Las Fiscalías regionales carecen de personal para dar atención de calidad a la gente. No existen los suficientes peritos para atender diversas materias.
Insisten: “Los servidores públicos dan un trato prepotente, discriminatorio e insensible a quienes acuden en búsqueda de justicia. Por ello se ha perdido confianza en la Fiscalía y la gente desiste de denunciar, produciéndose un aumento en el ciclo de la violencia y vulneración a las leyes en detrimento del ciudadano de a pie que sufre las consecuencias de la impunidad”.
Por esa razón, organizaciones y personalidades plantean que el nombramiento del pròximo titular de la FGE debe ser transparente y atendiendo a los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.
Señalan que se debe privilegiar el nombramiento de una persona que conozca la materia y sepa del caminar escabroso de las víctimas que transitan en el laberinto de la justicia.
Por esa razón es que indican, se propone a Vidulfo Rosales Sierra como próximo titular de la FGE, pues sostienen que se trata de una persona de honestidad probada, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos, con una trayectoria de 20 años de litigio en la defensa de luchadores sociales criminalizados, asesinados y desaparecidos.
“Es una persona con una mística de servir a la gente, comprometido con el cumplimiento de las leyes a favor de los de abajo y con el acceso a la justicia para los que menos tienen. Estamos seguros estará a la altura que demandan los nuevos tiempos, su actuación será imparcial y no sucumbirá a la tentación del dinero y el poder que corrompe y genera injusticias”; señala el documento de las organizaciones.
Entre los casos en que se ha colocado al frente, refieren que se encuentran los litigios contra el proyecto hidroelèctrico de “La Parota”, ha defendido a integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’pháá (OPIM), logró que las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega obtuviesen justicia, ademàs de que dio seguimiento al caso del defensor Arnulfo Cerón Soriano, que ya presenta importantes avances.
Los que firman
Entre los grupos que forman el escrito de apoyo para Vidulfo Rosales se encuentra la Organización Indígena Campesina “Vicente Guerrero”, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, la Asociación Civil Lucio Cabañas Barrientos A.C. los Ejidatarios de Puerto Marquéz, el Frente Obradorista de Guerrero, Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos.
También suscriben el Frente Opositor al Muelle Icacos, el Sindicato Único de Trabajadores de la CAPAMA, los Ejidatarios de la Ruta Sol, el Movimiento Popular Magisterial, la Cooperativa Costa Rica A.C, la Cooperativa Huachinango A.C, la Unión de Comerciantes y Artículos Típicos de Caleta a la Base Naval, la Unión de Vendedores de Artesanías de Playa Hornos a la Base A.C, el Grupo Ambientalista Erizo de Mar, la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, el Sindicato de Trabajadores de Organizaciones Operadores de Agua de Estado de Guerrero, Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, el Frente de Organizaciones Unidas (FOU), la Asociación de Abogados del Pueblo, el Frente Guerrerense Magisterial y Popular “Por la Transformación de México”, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y pavón A. C, el Frente Popular de la Montaña, el colectivo Raúl Trujillo Herrera, el colectivo de Desaparecidos «Lupita Rodríguez Narciso», “Los Olvidados de Ayotzinapa», Promotores Cultura con perspect
iva de Género y el colectivo Familiares en Búsqueda «María Herrera».
A titulo personal aparecen Martha Idalia Obezo Cásares, viuda de Armando Chavarría Barrera; Teresita de Jesús García López, Angélica Narváez Pérez y la galardonada con la presea Sentimientos de la Nación María Luisa Garfias Marín, Patricia Barba Ávila, Luis Alfonso Muñiz Mariano y Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernàndez Cardona, quien presuntamente fue asesinado por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
También suscriben Medardo Reyes Salinas, Pedro Moreno Reyes, Herlinda Jimon Rayón, Eustolia Castro Ramírez, el sobreviviente de la Guerra Sucia, Nicomedes Fuentes García y el ex rector de la Universidad Autómoma de Guerrero (UAGro) José Enrique González Ruiz.
También firman Patricia Álvarez Castañeda; Gutenberg Santana, Azucena Chavarría Barrera, hermana de Armando Chavarrìa, el ex consejero electoral Hegel Mariano Ramirez, José Manuel Vicente Martínez, Atanacio Molina Agustín, Víctor Hugo Garzón Barrientos, Diana Gómez Gómez, Alfredo Ramírez García, Jessica Natividad Torres Barrera, Arón Díaz Salazar, Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, Guadalupe Bolaños Diaz, Erika Bolaños Diaz, Dominga Bolaños Diaz, Meinarda Diaz Mosso, José Bolaños Paulino, Emperatriz Basilio Goytia, Juan Hernández Lozano, Mauro Hernández Lozano yGema Antúnez Flores.