Rosario García Orozco
Chilpancingo, Gro., 6 de agosto del 2021.- Preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda desaparecer las normales rurales, consideró el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
“Está claro que el objetivo del gobierno federal es desaparecer los internado, que son el eje principal que permite la organización política estudiantil, y la concientización de los alumnos”, aseguró el abogado.
Lamentó que la intensión del gobierno de López Obrador sea el “desmantelamiento del normalismo rural en todo el país”; lo que resulta cuestionable porque ese tipo sistema educativo “permite a los normalistas tener una organización política-estudiantil, que les da la oportunidad de tener una visión crítica de la realidad que impera en nuestro país”.
Cuestionó que sea tan sensible el mandatario federal, porque “todo parece indicar que le incomoda esa visión crítica, esa posición política que tienen los estudiantes de las normales rurales, ante la realidad y ante cualquier gobierno, dada su formación política crítica”.
Consideró que sería un duro golpe para la economía de los normalistas, que provienen de lugares con muchas carencias y que en ocasiones es la única opción que tienen para poder estudiar alguna profesión, “porque lo que AMLO pretende es dejar que sigan operando las normales rurales, pero como cualquier otra, y no como internado, los quiere dejar sin comer”, se quejó.
Otra de las situaciones que criticó Vidulfo Rosales fue que el presidente de México no solo pretende desaparecer las normales rurales, sino también desacreditarlas ante la sociedad, como sucedió con la de El Mexe, en Hidalgo.
Consideró que López Obrador tiene que dar una explicación amplia sobre eso que consideró “una imposición desde la presidencia de la República”, y que evite sus discursos para descalificar a las normales, “con argumentos del mal uso del dinero, porque en el fondo de lo que se trata es del desmantelamiento del normalismo rural, que sería la continuidad de una política de asfixia, a partir de los argumentos que esgrime el gobierno de que hay corrupción en las normales, y en el fondo es la misma política de los anteriores gobiernos”.