Rosario García Orozco
Chilpancingo, Gro., 29 de julio del 2021.- Los municipios de Metlatónoc, Cochoapa, San Luis Acatlán, Alcozauca, y Acatepec son lugares donde se da con mayor incidencia la venta de niñas, disfrazada de dote, una tradición en los pueblos originarios; en donde incluso activistas feministas han pedido respeto a los usos y costumbres de esos lugares, denunció la diputada morenista Erika Valencia Cardona.
La legisladora, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local, informó que durante la actual legislatura hubo avances importantes como la protección de los derechos electorales de las mujeres, “Guerrero fue el primer estado en que se aprobó esa iniciativa, misma que se replicó en otras entidades pero aquí hemos estado a la vanguardia”.
Explicó que es importante impulsar la iniciativa para modificar el código penal que tiene el objetivo de frenar la venta de niñas, disfrazada de “dote”, y que permite que las familias entreguen a las niñas en matrimonio a cambio de dinero, vehículos, animales o productos de la canasta básica, una práctica de usos y costumbres de los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica, principalmente.
Dicha reforma pretende que se contemple a las asambleas de los pueblos en todas las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas, “esto es importante porque sobre todo en La Montaña, donde se siguen dando los casos, a veces disfrazados de dote, pero en realidad es un delito grave y se llama trata de personas”, enfatizó.
Valencia Cardona mencionó que ha sido complicado que avance esa iniciativa “por que han protestado, incluso mujeres que se dicen feministas nos pidieron que no nos confundiéramos, que son costumbres; y las costumbres son muy bonitas cuando hay consentimiento de la pareja, pero cuando no es así entonces sí es un delito y a veces son menores de edad y eso es más grave aún”, insistió la legisladora.
Recordó que lo que hoy es iniciativa en Guerrero, ya es ley a nivel federal, que contempla hasta 10 años de prisión, para quien o quienes violen la ley, por eso consideró importante que las autoridades de las comunidades conozcan el daño que están haciendo a sus niñas, y que están actuando fuera de la ley.
Recientemente, dijo, también se aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer una penalidad de hasta ocho años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, con lo que se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un delito.
Y es que frecuentemente, mencionó Erika Valencia, por esas prácticas muchas mujeres son“revictimizadas” por las propias dependencias oficiales.
Por esas acciones, los funcionarios podrían recibir una pena de prisión de 3 a 8 años y multas de 500 a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además de que serán destituidos e inhabilitados de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.