– No aporta al objetivo de esclarecer lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, lejos de eso, enturbia los avances que se tienen
– Iñaky Blanco Cabrera sostiene que “Juan”, el testigo protegido es Gildardo López Astudillo, quien fuera jefe de sicarios de Guerreros Unidos
Rogelio Agustín
El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaky Blanco Cabrera consideró pertinente que se investigue y finque responsabilidades, penales y administrativas a quien está filtrando información relacionada con las nuevas indagatorias realizadas en torno a los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.
Vía telefónica, Blanco Cabrera sostuvo que “Juan”, el testigo protegido para el Caso Iguala es en realidad Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” y quien fuera el supuesto jefe de sicarios de Guerreros Unidos cuando se suscitaron los ataques en contra de los normalistas rurales de Ayotzinapa.
En consecuencia, manifestó que el testimonio aportado en torno al caso, “es propia de un sujeto vil y cobarde, que se esconde bajo la figura de un supuesto testigo colaborador, pero que se sabe, participó directamente en múltiples homicidios y secuestros, lo que debería ser nulatorio para reconocerlo con dicha figura”.
Blanco Cabrera sostuvo que lo manejado en las nuevas declaraciones, “sin duda está cargado de rencor en contra de quienes estuvieron relacionados con su detención y encarcelamiento”.
Refirió que lo dicho por el testigo, al que se refiere como “El Gil” está plagado de contradicciones, pues hace ver que la llegada de los estudiantes a Iguala fue algo planeado, cuando en realidad se trató de un hecho fortuito.
En esa parte, refirió que no hay hasta el momento, elementos que demuestren que los normalistas de Ayotzinapa se mezclaron con delincuentes, lo que incluso fue corroborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
También sostiene que no hay lógica cuando se asegura que él llegó a tener algún tipo de colaboración con el GU.
“No se dice que la Fiscalía a mi cargo investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes, en un intercambio de información con autoridades federales, entre ellas la Policía Federal, la Marina, la PGR y la propia Defensa Nacional”.
Derivado de esas investigaciones, dijo que surgieron nombres de los principales líderes del grupo delictivo, direcciones de los mismos, números telefónicos y datos que permitieron establecer cual era su zona de influencia y su forma de operar.
El ex titular de la FGE sostiene que el testigo protegido miente cuando se habla de la ejecución de indigentes, los que supuestamente fueron levantados para hacerlos pasar por los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Precisa que el hallazgo de las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, en realidad se dio a partir de la información que aportaron cuatro presuntos integrantes del GU, que fueron detenidos por la dependencia que estaba a su cargo.
En la apertura de dichas fosas, indicó que se dio parte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y también a la procuraduría General de la República (PGR), que a partir de entonces ejerció su poder de atracción.
En el procesamiento de los cadáveres que se encontraron en Pueblo Viejo, destacó que participaron los servicios periciales de la PGR y personal de la División Científica de la Policía Federal (PF), que permitieron la participación de los Peritos Forenses Argentinos.
Precisó que lo encontrado en ese lugar fueron cuerpos completos, que había advertencia de tejidos blandos y por lo tanto estableció: “Sería absurdo y demencial, pretender cambiar unos cuerpos por otros o generar un cambio de identidad, cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas o genética forense, más tomando en cuenta que tú servidor (Iñaky Blanco) ya tenía experiencia en materia forense, había trabajado en los casos Colosio y Posadas, además de que fui titular de secuestros a nivel nacional”.
El testimonio aportado y filtrado a los medios, refirió que refleja desconocimiento la cronología de los hechos cuando habla de lo encontrado en el vertedero del río San Juan.
“Para entonces el control de la investigación estaba a cargo de la PGR, los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, es decir, a un fuego no controlado, no como sucede en un crematorio, pues los restos presentaron un nivel diferenciado de degradación por exposición al fuego”.
Más aún, “El Gil”, como se refiere al testigo protegido, no hace referencia a su carácter de perpetrador activo en los hechos del 26 y 27 de septiembre, como lo señalan las declaraciones de otros integrantes del GU, incluso por las comunicaciones que intervino el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica.
Indicó también que hubo dos hombres apodados “El Dúa” y “El Pato”, que recibieron la indicación del ahora testigo colaborador, de esconderse porque las cosas “se estaban poniendo muy calientes”.
Insistió en el hecho de que salvo las agresiones cometidas contra los normalistas rurales y los jugadores de “Los Avispones de Chilpancingo”, no se tiene documentada ninguna otra versión de más enfrentamientos en diferentes puntos de Iguala, los que se dice que se registraron la tarde del 26 de septiembre.
“Eso es contrario a la cronología de los hechos, respecto a la hora en que llegaron los normalistas y comenzaron a ser agredidos”, anotó.
Entre otras cosas, señaló que las escuchas realizadas por la DEA, dan cuenta de que los hermanos Sidronio y Mario Casarrubias pretendieron inculpar a otras personas e instituciones, entre ellos al hoy ex titular de la FGE.
“Ellos dieron la indicación al Gil para que realizaran bloqueos, manifestaciones y tareas de apoyo a los detenidos, pues ellos sabían cuantos detenidos había, sabían de la participación activa en los hechos y ahora pretende exculparse”, destacó.
Para Blanco Cabrera llama la atención el hecho de que el testimonio de colaboración primero excluya a un mando de la Policía Federal (PF), pero también excluya al hoy secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando de primera instancia lo había mencionado.
Lo que hay en el testigo protegido, sostiene que es ánimo de venganza y sus versiones se sustentan en el ánimo de venganza, lo que pasa por generar datos que no corresponden a la realidad.
En consecuencia, sostiene que dicho testimonio no aporta a la intención de esclarecer los hechos registrados la noche del 26 de septiembre en Iguala, por el contrario, lo que hace es enturbiar más las cosas.
Por eso planteó: “Eso debe dar lugar a que se investigue quien está filtrando esos documentos, con qué intención y bueno, desde luego, ir al fincamiento de responsabilidades penales y administrativas, porque llevar a cabo este tipo de acciones es constitutivo de delito”.