– La muerte por Covid-19 del líder de Guerreros Unidos, se generó cuando ya había avances importantes con el Gobierno de la República, revela el abogado Vidulfo Rosales
Rogelio Agustín
Mario Casarrubias Salgado, “El Sapo Guapo”, uno de los principales líderes del cártel de Guerreros Unidos (GU), murió cuando afianzaba un acuerdo con el Gobierno Federal para que aportara toda la información que tenía respecto a los ataques del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.
El dato fue dado a conocer por Vidulfo Rosales Sierra, abogado del colectivo Nos Faltan 43, quien señaló que hasta el momento, el grupo de padres agraviados por los hechos registrados hace casi siete años, no conoce los detalles respecto a las causas del deceso registrado el fin de semana pasado.
Sin embargo, Rosales Sierra admite que la forma repentina en la que se reportó dicha muerte les ha generado una “gran preocupación”, por toda la información que se dejará de aportar para el caso.
Explicó: “La información que tenemos, es que el Gobierno de la República estaba construyendo una ruta de acuerdo y de acercamiento con todos los incentivos que se tienen para el Caso Ayotzinapa, se construía un acercamiento y se abría ya la posibilidad de que pudiera aportar información”.
De hecho, indicó que no se trata de algo tentativo, en realidad “era ya algo objetivo, no una conjetura, ya había un puente de acercamiento que se estaba construyendo y Mario Casarrubias había dicho ya la posibilidad de proveer información”.
En consecuencia, manifestó que será importante saber hasta que punto se logró avanzar en la construcción de dicho acuerdo con el finado líder criminal, para determinar si se alcanzó a obtener información que ayude a saber que fue lo que pasó con los 43 normalistas rurales desaparecidos.
Aclaró que todo lo que se dijera, todavía tenía que ser respaldada en el periodo procesal, de tal suerte que los daros se tenían que consolidar para ser tomados como verídicos.
Este miércoles 28 de julio, los padres de los 43 y sus representantes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y con la Comisión de Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
En dicha reunión se sabrá si hubo avances o todo quedó en el intento, lo que admitió que sería “demasiado grave”.