– Abel Barrera, director de Tlachinollan y Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, sostienen que se cometió un delito grave y con recursos del erario público
– El caso puede alcanzar al ex presidente Peña, independientemente de la Consulta Popular del 1 de agosto
Rogelio Agustín
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández y el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra exigieron que se investigue a todos los ex funcionarios involucrados con el espionaje realizado a través del sistema Pegasus, mismo que fue utilizado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Esta semana, el periódico Londinense, The Guardian dio a conocer un extenso reportaje, en el que confirma la utilización de un sistema de espionaje elaborado por una empresa Israelí que se utilizó en México durante la administración pasada, con la que se mantuvo una estrecha vigilancia sobre el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y varios de sus colaboradores cercanos.
Dicho sistema, fue utilizado para espiar al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al periodista Cecilio Pineda Birto, asesinado en la región de la Tierra Caliente, así como al director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y al abogado Vidulfo Rosales, representante del colectivo “Nos Faltan 43”, entre otros.
Las reacciones por parte de los activistas son de molestia, aunque señalan que no les resulta extraño, si se toma en cuenta que las autoridades mexicanas han optado por asumirlos como adversarios, no como entes que coadyuvan en la solución de conflictos desde la perspectiva de la atención a las víctimas de los delitos.
Ya había indicios
Consultado vía telefónica, el antropólogo Abel Barrera Hernández sostiene que el tema del espionaje ya se sospechaba desde antes de que terminara la última administración federal priista: “Principalmente cuando estaba muy fuerte la investigación y la presión que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos ejercían ante el gobierno, pues cuestionaban la denominada verdad histórica y la forma en cómo se estaba manejando el caso”.
Barrera Hernández recordó como se filtraron al menos dos llamadas telefónicas que le interceptaron al abogado Vidulfo Rosales, con la intención de propiciar una ruptura en el movimiento.
Indicó: “Los pusieron en el banquillo de los acusados de manera ilegal con esas llamadas”.
Sin embargo, sostuvo que ese tipo de prácticas se han vivido en el caso de Tlachinollan en diferentes momentos, por los casos que llegan a tomar en sus manos.
“Sabemos que hay un espionaje permanente al trabajo que hacemos, siempre se nos ha considerado como conspiradores al régimen, al estatus quo, una amenaza al gobierno federal y siempre hemos sido actores incómodos sin que valoren realmente que el trabajo ha sido para que funcionen las instituciones, se investiguen hechos graves y se castigue a los responsables de violaciones a derechos humanos”.
Continuó: “Sí, hemos sido muy críticos del sistema cuando no protege a las víctimas, en cuanto practica la tortura por parte de las corporaciones policiales, del ejército y los casos de desapariciones, por el trabajo de los derechos humanos se nos trata como criminales”.
Recordó que Pegasus básicamente fue diseñado para investigar a personajes vinculados al crimen organizado, pero por la “perversidad” con la que se utilizó en la administración de Peña Nieto, a quienes se sometió al espionaje fue a los defensores de derechos humanos.
La situación es reprobable, pues el antropólogo refiere que el trabajo de los organismos no gubernamentales es público, legal, además de que se reconocer internacionalmente.
Indicó: “Hay un golpeteo permanente a través de estas investigaciones que siempre buscan deslegitimar, buscan desprestigiar, buscan sobre todo generar una atmosfera adversa a las actividades que realizamos, estigmatiza nuestro trabajo y esto lo hemos venido sufriendo desde hace décadas, desde que empezamos el trabajo en Tlachinollan, se nos sigue a través del Cisen, a través del mismo Ejército, y ahora con estos nuevos software de talla internacional, diseñados en Israel para sacar a quienes consideran sus enemigos, pero aquí en México se estuvo utilizando de manera ilegal hasta contra opositores políticos, como al mismo presidente de la república”.
Que se investigue
Para Barrera Hernández, es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el tema y se sancione a todos los ex funcionarios que se encuentren involucrados.
Incluso, señaló que independientemente del resultado que arroje la Consulta Popular del 1 de agosto, esta puede ser una oportunidad sumamente importante para proceder en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Argumenta: “Porque estamos hablando de acciones ilegales, de delitos graves porque se atenta contra la protección de las personas, la vida, la seguridad y las otras leyes, porque nadie puede sobre todo incursionar en la vida privada de las personas, mucho menos para ser investigadas y tergiversadas las investigaciones, porque usan esas intervenciones telefónicas no para hacer realmente una investigación, sino que para poder ver la parte débil o las situaciones que pueden prestarse para desprestigiar a las personas o hasta atentar contra ellas, por eso es que son delitos graves que tienen que investigarse, la fiscalía tiene la obligación, con todos los datos que han arrojado esta investigación, creo que hay muchos elementos”.
Entre otras dudas que surgen, de acuerdo con Barrera Hernández, está la cantidad de dinero que se tuvo que utilizar para financiar un espionaje que asegura, resulta completamente turbio.
Las filtraciones cimbraron al movimiento, pero no lo quebraron
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43, reconoció que se trata de un tema sumamente complejo, pero asume que le tocó padecerlo en carne propia.
“Con su momento no solo fuimos espiados, de ese espionaje del que fuimos objetos se hicieron públicas varias llamadas, entonces eso causó mucha afectación en el ámbito familiar, organizativo de los madres y padres de familia, influyó en el aspecto organizativo y nos tocó sufrir en carne propia ese espionaje, porque se filtraron supuestamente dos llamadas, pero en realidad estas se fueron reconstruyendo de varias comunicaciones que se hicieron y de ahí articularon toda una presunta conversación que fue sacada de contexto, porque unieron pequeñas llamadas que no correspondían al momento y las hicieron públicas”, anotó.
Dijo que él desconocía que había un virus generado por la empresa Pegasus que habían adherido a su teléfono celular, el cual estaba infectado y permitía que se le espiara de man era permanente.
“Estaban escuchando todo lo que estábamos haciendo y lo reconocemos, se cimbró el movimiento cuando sucedió esto (la filtración), porque por más, fue fuerte lo que salió, se puso incluso en cuestionamiento que siguiéramos al frente de los padres, sin embargo, los padres y madres de los 43 fueron muy claros en su posición y en su visión de que no correspondía lo que se estaba filtrando a lo que hemos venido realizando a su lado, hubo una asamblea en la Ciudad de México y ahí se ratificó la presencia de nosotros al frente del grupo de padres y madres, por lo que el hecho no pasó a mayores”, anotó.
Al igual que Barrera Hernández, el abogado sostiene: “Yo creo que debe de investigarse a los funcionarios, sobre todo este mecanismo de cómo se adquirió esta tecnología, si esta tecnología tiene algunos lineamientos para su uso y si se incurrió en una irregularidad al utilizarla contra opositores y activistas. De acuerdo con la Constitución, para monitorear, para filtrar, para hacer estas escuchas telefónicas tiene que haber una autorización judicial y si no se tiene es un delito, por eso es que deberían ser investigadas y sancionadas las personas que incurrieron en estos actos ilegales”.
Rosales agrega que para facilitar el espionaje se utilizó recurso del erario público para afectar a la oposición política, a las víctimas, a todos los movimientos sociales que eran incómodos al régimen que encabezó el ex presidente Peña Nieto.
“Este espionaje se realizó con recursos públicos, lejos de que esas tecnologías sirvieran para buscar a los estudiantes desaparecidos, para investigaciones complejas de víctimas de hechos graves que están ocurriendo en el país, se hizo para otros fines y deben ser sancionados esos funcionarios que incurrieron en esos actos”, insistió.