— Llevan cuatro años fuera de San Felipe, municipio de Apaxtla, necesitan donde reubicarse
Rogelio Agustín Esteban
Un grupo de representantes de 56 familias que fueron desplazadas por el crimen organizado de San Felipe, municipio de Apaxtla de Castrejón, solicitaron al Gobierno del Estado que cumpla su compromiso de aportar recursos para la compra de un predio en el que puedan reubicarse, pues llevan más de cuatro años fuera de su lugar de origen.
El grupo de afectados por la violencia del crimen, viajó a Chilpancingo para buscar la cobertura de diferentes medios de comunicación, pues señalan que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y necesitan de la intervención del Gobierno de Guerrero.
Estuvieron encabezados por el comisario Teofilo Pereira, quien se encargó de exponer la situación en la que se encentran, ya que en 2017 tuvieron que abandonar su comunidad, a partir del asedio que sufrían por parte de numerosos grupos delictivos.
En la conferencia que ofrecieron, estuvieron acompañados por el diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo, quien también preside el Consejo Estatal de Morena.
Teófilo Pereira explicó que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con ellos en diciembre de 2020, tras varias horas de dialogo, les prometió en que a finales del mes de enero, ya en 2021 se entregaría una parte proporcional del recurso que sería utilizado para comprar un predio en el que pretendían reubicarse.
Sin precisar la cantidad, el comisario dijo que el Gobierno del Estado se comprometió a dar tres terceras partes del costo que tiene el terreno, mismo que fue conseguido por los propios desplazados.
Explicaron que los propios afectados habían acordado un costo con los dueños del terreno, pero ante la demora del Gobierno para aportar su parte, se generó la venta a favor de otro postulante.
Pese a dicho contratiempo, buscaron una opción más y la consiguieron, pues ya tienen ubicada otra propiedad que reúne las condiciones para que puedan retomar sus vidas, pero todavía no reciben la aprobación de la Secretaría General de Gobierno, por lo que demandaron que haya una respuesta cuanto antes.
Si la administración estatal no responde a tiempo, las 56 familias desplazadas corren el riesgo de que la segunda opción también sea comprada y en consecuencia, sigan sin contar con un espacio para reubicarse.
Descartaron la posibilidad de regresar a San Felipe, pues la zona en que se ubica todavía registra una presencia importante de grupos del crimen organizado.